La intimidación contra el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, y los integrantes de su esquema de seguridad, ocurrida en zona rural del municipio, volvió a poner en el centro de la discusión la situación de orden público en el sur del Tolima y la presencia de estructuras armadas en esta región. Tras el hecho, el exsenador Óscar Barreto pidió al Gobierno Nacional evaluar el regreso del batallón que anteriormente funcionaba en Planadas.
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De acuerdo con información conocida sobre el caso, el mandatario se encontraba en la vereda La Esmeralda cuando hombres armados interceptaron a su esquema de seguridad y lo despojaron de sus armas de dotación. Según versiones preliminares, los sujetos también intimidaron al alcalde antes de retirarse del lugar.
El episodio habría involucrado a cerca de seis hombres que se movilizaban en motocicletas y portaban armas largas. Las autoridades manejan, de manera preliminar, la hipótesis de que los responsables pertenecerían al Frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, aunque la responsabilidad deberá ser establecida por las autoridades competentes.
El hecho generó pronunciamientos políticos. Barreto señaló que la situación refleja el nivel de riesgo que atraviesa la región y solicitó al Gobierno Nacional fortalecer la presencia de la Fuerza Pública mediante la restitución del batallón que operaba anteriormente en Planadas.
“Es lamentable la crítica situación de inseguridad que vive el sur del Tolima”, expresó el exsenador en su cuenta de X, donde también hizo referencia a las acciones de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, frente a la situación de seguridad del departamento.
En su pronunciamiento, Barreto agregó: “Hoy, la intimidación al alcalde de Planadas y su esquema de seguridad en donde se puso en riesgo sus vidas, confirma la gravedad de lo que está ocurriendo”.
La situación se presenta después de otros hechos de violencia registrados recientemente en municipios del sur del Tolima. En agosto, las autoridades departamentales ya habían solicitado al Gobierno Nacional un incremento del pie de fuerza y planteado la restitución del Batallón de Alta Montaña en Planadas, además del envío de unidades adicionales para reforzar el control territorial.
El caso de Planadas vuelve a poner bajo atención la seguridad de los mandatarios locales, sus equipos de protección y las comunidades rurales, mientras avanzan las verificaciones sobre los responsables del hecho y las medidas que adoptarán las autoridades frente a la situación de orden público en el sur del departamento.
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El Tolima enfrenta nueve incendios forestales activos, cuatro de ellos considerados de gran magnitud, en medio de una emergencia que ya ha afectado más de 27.000 hectáreas, incluidas unas 8.000 destinadas a actividades productivas como agricultura y ganadería. Ante la sucesión de nuevos focos, las autoridades anunciaron la militarización de los municipios más afectados y controles de acceso para regular el ingreso de voluntarios y colaboradores a las zonas de mayor riesgo.
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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, informó que la medida busca reforzar la seguridad en los sectores donde se han registrado incendios de gran magnitud y evitar que personas ingresen sin las condiciones necesarias para participar en las labores de atención.
“Nosotros apagamos incendios y nos aparecen focos en otros puntos y eso nos tiene supremamente preocupados”, señaló la mandataria, al explicar que la presencia de la Fuerza Pública será reforzada en los municipios donde se concentran las conflagraciones.
Los controles también estarán dirigidos a las vías de acceso. De acuerdo con la gobernadora, las autoridades verificarán quiénes ingresan a las zonas afectadas como voluntarios o colaboradores, con el propósito de organizar su participación y reducir los riesgos para quienes intervienen en las labores de atención.
Cuatro incendios concentran la mayor preocupación
Según el reporte entregado con corte al lunes 24 de agosto, permanecen nueve incendios en diferentes puntos del departamento. Los focos considerados de gran magnitud están ubicados en Suárez, Coello, San Luis y Armero Guayabal.
Las autoridades trabajan con la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional para atender las emergencias y contener la expansión de las llamas en las áreas afectadas.
La gobernadora también confirmó que fueron presentadas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el origen de los incendios y se determine si existe responsabilidad de terceros.
“Tenemos serios indicios de que hay personas malintencionadas que han dado inicio a estos incendios”, afirmó Matiz.
La emergencia ha generado una afectación superior a las 27.000 hectáreas en el departamento, de las cuales aproximadamente 8.000 corresponden a terrenos destinados a la agricultura y la ganadería. La aparición consecutiva de nuevos focos mantiene la atención sobre los municipios donde las condiciones han dificultado el control de las conflagraciones.
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