Un juzgado de Ibagué declaró en desacato al secretario de Hacienda municipal, Ángel María Gómez, por incumplir una sentencia de tutela emitida el 25 de agosto de 2025, relacionada con la protección de derechos fundamentales de accionistas afectados por actuaciones administrativas, decisión que derivó en sanciones de arresto domiciliario y multa económica.
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De acuerdo con la providencia judicial, el despacho concluyó que el funcionario incurrió en una conducta omisiva al no atender los requerimientos posteriores al fallo de tutela, pese a las advertencias formales realizadas durante el trámite.
La jueza determinó que el incumplimiento vulneró la eficacia de los mecanismos constitucionales y resolvió imponer sanciones con el objetivo de asegurar el acatamiento de las decisiones judiciales frente a actuaciones de la administración pública local.
Como consecuencia, se ordenó arresto domiciliario por cinco días y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. La medida privativa de la libertad será ejecutada por la Policía Metropolitana de Ibagué una vez la decisión quede en firme, conforme al procedimiento establecido.
El juzgado aclaró que la orden de arresto solo será efectiva tras la confirmación en grado de consulta, requisito exigido por la normativa vigente. En cuanto a la sanción económica, los recursos serán recaudados por el Consejo Superior de la Judicatura y consignados en una cuenta del Banco Agrario.
En su análisis, el despacho advirtió que el desacato a fallos de tutela no solo afecta derechos fundamentales, sino que impacta directamente la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
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El ambiente político en Ibagué se ha tensado tras la circulación de panfletos y denuncias anónimas que hablan de un supuesto plan para afectar políticamente a la alcaldesa Johana Aranda. La situación, que surgió en medio de un creciente distanciamiento entre la mandataria y el exalcalde Andrés Hurtado, ya generó reacciones dentro del Concejo municipal, donde algunos cabildantes pidieron prudencia mientras aumenta la controversia.
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La discusión empezó a tomar fuerza en escenarios políticos locales luego de que se difundieran escritos sin autor identificado que mencionan un supuesto intento de impulsar denuncias ante organismos de control contra la mandataria. En los mismos documentos también aparecen referencias a funcionarios de la administración municipal, señalados de manera presunta por participar en actividades políticas en distintas comunas de la ciudad.
El episodio ocurre en un contexto de ruptura entre Aranda y Hurtado, quienes durante años mantuvieron una relación política cercana dentro del escenario electoral de la capital del Tolima. La tensión se habría profundizado después de las elecciones del pasado 8 de marzo, en las que Carolina Hurtado perdió su aspiración a la Cámara de Representantes.
Ante el tema, algunos concejales se pronunciaron sobre el clima político que atraviesa la ciudad. El concejal Arturo Castillo señaló que la confrontación política no debería desviar la atención de los asuntos administrativos y de los proyectos que están en curso.
“Lo que están esperando los ibaguereños es poder desarrollar y sacar adelante el plan de desarrollo que fue aprobado por el Concejo, junto con las obras que ya están iniciando en la ciudad”, afirmó.
Castillo también sostuvo que, si existen denuncias formales, corresponde a los organismos de control revisar los hechos y determinar si hay responsabilidades.
Por su parte, el concejal César Franco evitó profundizar en la confrontación y pidió moderación frente a las versiones que circulan. “Cuando el tema sea de Johana Aranda y Andrés Hurtado, que son mis amigos, yo no voy a opinar sino para pedir calma y que las cosas se arreglen”, dijo.
Mientras tanto, las versiones sobre el supuesto plan, la difusión de documentos anónimos y las acusaciones cruzadas continúan alimentando la discusión política en la ciudad, en un escenario marcado por tensiones internas y señalamientos que aún no han sido aclarados públicamente.
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