Más de 1.000 mineros ilegales abandonaron Ataco tras amenazas y ataques explosivos
El operativo en Puente Amarillo permitió la salida de más de 1.000 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro en los ríos Atá y Saldaña, en medio de amenazas atribuidas a grupos armados.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Más de 1.000 personas vinculadas a la extracción ilegal de oro abandonaron el municipio de Ataco, en el sur del Tolima, tras una intervención de las autoridades en el sector de Puente Amarillo. El procedimiento, desarrollado durante la primera semana de noviembre, estuvo marcado por ataques con explosivos contra la Policía y denuncias sobre el deterioro ambiental de los ríos Atá y Saldaña.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, entregó detalles de lo ocurrido durante una visita a Planadas, después de recorrer el corredor vial que conecta a ese municipio con Ataco. Según explicó, la operación había sido preparada durante varios meses debido a la presencia de actividades mineras ilegales en las riberas de ambos afluentes.
Sin embargo, el despliegue de las autoridades se produjo en medio de una situación de seguridad que incluyó presuntas intimidaciones de las disidencias de las Farc. De acuerdo con la mandataria, durante los días previos al desalojo fueron lanzados artefactos explosivos mediante drones contra instalaciones y uniformados de la Policía Nacional.
Uno de los ataques estuvo dirigido contra una estación policial, mientras que otro ocurrió durante la noche y afectó a integrantes de la institución. Los policías involucrados fueron trasladados a un centro hospitalario de Ibagué.
“A pesar de que trataron de intimidarnos y nos lanzaron unos artefactos explosivos en la Estación de Policía. Por la noche, también, a unos integrantes de la Policía Nacional les lanzaron otro artefacto explosivo”, relató Matiz, quien aseguró que los uniformados se encontraban fuera de peligro.
Cientos de personas fueron trasladadas a Cali y Medellín
La salida de los trabajadores de la minería ilegal se realizó en diferentes momentos. Según las cifras entregadas por la Gobernación, entre el domingo 1 y el martes 3 de noviembre cerca de 500 personas abandonaron Ataco, mientras que el viernes 6 de noviembre otras 500 salieron del territorio.
Para facilitar los desplazamientos se dispusieron vehículos de transporte hacia ciudades como Cali y Medellín, destinos a los que fueron trasladadas personas que, de acuerdo con las autoridades departamentales, procedían de otras regiones del país.
En la intervención participaron aproximadamente 1.000 integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios de distintas entidades estatales. Las labores incluyeron el desmantelamiento de cambuches y el retiro de conexiones de energía instaladas en el área donde se desarrollaban las actividades extractivas.
La gobernadora calificó el procedimiento como exitoso y destacó que no se registraron personas lesionadas durante el desalojo ni alteraciones colectivas del orden público que impidieran su ejecución.
“Fue un éxito total, no hubo una persona herida, siempre respetando los derechos humanos, logramos hacer el desalojo, destruir los cambuches, logramos quitar toda la energía también que se había colocado allí”, afirmó.
El daño ambiental en los ríos Atá y Saldaña sigue sin cuantificarse
Más allá de la salida de los mineros, una de las principales preocupaciones expuestas por las autoridades es la afectación ambiental asociada a la extracción ilegal de oro en esta zona del sur del departamento.
Matiz advirtió que las consecuencias sobre los ecosistemas fluviales son de gran magnitud y que todavía no existe una valoración precisa de los daños ocasionados.
“El daño que se le ha causado al río Saldaña es incalculable”, expresó la mandataria al referirse a las condiciones ambientales que encontró en el territorio.
La situación también pone de manifiesto las dificultades para controlar estas actividades, especialmente por la presunta participación de organizaciones armadas ilegales en las economías relacionadas con la explotación de oro.
Aunque la intervención permitió retirar a más de un millar de personas del sector de Puente Amarillo, la propia gobernadora reconoció que la problemática de minería ilegal continúa en el sur del Tolima.
Por ahora, el operativo deja como resultado la evacuación de los trabajadores, el desmantelamiento de estructuras utilizadas para la extracción y nuevos interrogantes sobre la recuperación ambiental de los ríos afectados, así como sobre las medidas necesarias para impedir que estas actividades vuelvan a instalarse en la zona.
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¿Se acabó el ruido excesivo? Intensifican controles a negocios en Ibagué
Las autoridades realizan visitas a establecimientos comerciales de diferentes comunas de Ibagué para verificar el cumplimiento de las normas sobre emisión de ruido.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El ruido excesivo en establecimientos comerciales de Ibagué está bajo la vigilancia de las autoridades, que intensificaron los operativos en diferentes comunas de la ciudad para verificar el cumplimiento de las normas y atender una problemática que afecta el descanso de los residentes en zonas cercanas a estos negocios.
Las intervenciones se concentran en tiendas, tertuliaderos, asaderos de pollo, bares y otros establecimientos donde el volumen de la música y las actividades comerciales pueden generar molestias a las comunidades vecinas.
Durante las jornadas se desarrollan labores de inspección, vigilancia y sensibilización dirigidas a propietarios y administradores, con el fin de promover el respeto por los niveles de ruido permitidos y prevenir conflictos de convivencia.
Advierten sobre los límites del ruido en establecimientos
Elena Calle García, directora de Seguridad de Ibagué, confirmó que se está incrementando la presencia de las autoridades en los sectores comerciales para verificar que los negocios cumplan con las disposiciones vigentes.
“La diversión de unos no puede convertirse en la molestia de otros”, manifestó la funcionaria al referirse a las afectaciones que pueden ocasionar los establecimientos que operan con volúmenes elevados.
Como parte de las intervenciones, las autoridades también promueven la campaña ‘Bajémosle tres rayitas al volumen, a la intolerancia y al desorden’, dirigida tanto a comerciantes como a ciudadanos que frecuentan estos espacios.
La estrategia busca que las actividades de entretenimiento y comercio se desarrollen sin interferir con el descanso de quienes habitan en los alrededores, especialmente en sectores donde confluyen viviendas y establecimientos abiertos al público.
Calle García indicó que los controles continuarán en las diferentes comunas de la capital tolimense e insistió en que el respeto por los vecinos es fundamental para evitar conflictos relacionados con el ruido.
Por ahora, las autoridades no han precisado cuántos establecimientos han sido inspeccionados ni si durante las jornadas se han impuesto comparendos, sanciones o cierres por incumplimiento de la normativa.
Los operativos seguirán acompañados de actividades de sensibilización, mientras se mantiene la vigilancia sobre los establecimientos comerciales que puedan generar afectaciones por emisiones de ruido excesivas.
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