Una operación militar desarrollada en los municipios de Ortega y Planadas, Tolima, permitió intervenir una mina presuntamente utilizada por el GAO-r Bloque Isaías Pardo, con la incautación de maquinaria, equipos y combustible que, según las autoridades, estarían vinculados a actividades de minería ilegal y afectarían las finanzas de esta estructura armada.
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La operación fue ejecutada por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada, quienes realizaron acciones de control en puntos donde se desarrollaban actividades de extracción ilícita de minerales.
Durante el procedimiento fueron incautados una retroexcavadora, cuatro motores, cuatro clasificadoras y 1.900 galones de ACPM, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, el material intervenido representaría una afectación superior a $1.400 millones para las economías ilícitas asociadas a los grupos armados organizados residuales que operan en la zona.
La intervención se concentró en desarticular parte de la infraestructura utilizada para la explotación minera ilegal y reducir las fuentes de financiación de estas estructuras en el sur del Tolima.
Las autoridades indicaron que las acciones contra la minería ilegal continuarán en zonas donde esta actividad pueda estar relacionada con el sostenimiento económico de grupos armados.
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Tres incendios forestales permanecen activos en el Tolima, según el reporte más reciente de los organismos de Gestión del Riesgo, con focos localizados en Alvarado, Armero Guayabal y en la zona limítrofe entre Suárez y Carmen de Apicalá. La situación fue analizada este lunes festivo durante un Consejo Regional de Gestión del Riesgo, mientras las autoridades mantienen las labores de control y atención a las comunidades afectadas.
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El encuentro se realizó en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de Ibagué y fue encabezado por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz. Durante la reunión se revisó el estado de las emergencias y las acciones necesarias para continuar atendiendo las zonas donde persisten las conflagraciones.
De acuerdo con la información presentada en el Consejo, el incendio ubicado entre Carmen de Apicalá y Suárez es el de mayor magnitud entre los tres que continúan activos. Las lluvias registradas durante las últimas horas dieron una pausa a las condiciones de fuego, pero no significan el fin de la emergencia.
Por esta razón, la gobernadora pidió mantener la atención sobre los puntos afectados y continuar con las labores de respuesta mientras los organismos competentes avanzan en el control de las llamas.
Matiz también se refirió al trabajo desplegado durante la emergencia y a la participación de organismos de socorro, entidades públicas, sector privado y Gobierno Nacional. Según explicó, se han movilizado ayudas para las familias damnificadas, entre ellas alimentos, mercados, equipos y herramientas.
“Hemos llevado toneladas de ayudas, en comida, en mercados, equipos y herramientas para atender cada una de las emergencias presentadas en los diferentes municipios”, señaló la mandataria.
La gobernadora también reconoció el trabajo realizado por los comandantes y equipos que participan en las operaciones de respuesta. Mientras continúan las labores para contener los incendios, las autoridades mantienen el seguimiento sobre los tres puntos que permanecen activos en el departamento.
La emergencia, por ahora, no está completamente superada.
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