Padres de familia, representantes de los colegios Antonio Nariño y Bicentenario, exigieron aclarar el futuro de la Fundación Fe y Alegría luego de semanas de incertidumbre y versiones contradictorias sobre la continuidad de la concesión para el año académico 2026.
La preocupación estalló cuando surgieron dudas sobre un posible paso de ambas instituciones a administración pública. Padres denunciaron falta de información clara y oportuna por parte de la Secretaría de Educación, lo que desencadenó reuniones de emergencia para conocer quién asumiría el control de los colegios.
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En un encuentro reciente con la comunidad, el secretario de Educación confirmó que la concesión con Fe y Alegría será renovada para 2026, decisión adoptada —según indicó— tras revisar los últimos 12 años de operación de la entidad y su impacto en los estudiantes. “Se evaluaron los resultados obtenidos y se proyectó la continuidad del modelo para el próximo año académico”, señaló durante la reunión, según narró la representante de los padres, Sandra Correa.
Antes del anuncio, varios acudientes habían advertido que la incertidumbre estaba generando alarma entre los estudiantes y temor a cambios abruptos en los procesos educativos. También se mencionó que la falta de comunicación oficial abrió espacio para rumores sobre el retiro de la fundación.
Con la confirmación, los padres cerraron el ciclo de reuniones y dieron por resuelto el punto crítico de la discusión, que era conocer quién administrará las instituciones durante 2026.
La comunidad educativa pide mantenerse informada por canales oficiales para evitar nuevos episodios de desinformación y exige claridad oportuna sobre cualquier cambio futuro en la administración de los colegios.
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Ciudadanos de Ibagué reaccionaron a las declaraciones del secretario general, Kevin Castañeda, quien afirmó que la población no valora la gestión de la actual administración. Las respuestas se dieron en distintos espacios de opinión, donde se cuestionaron tanto las afirmaciones como los resultados visibles en la ciudad, especialmente en temas como la malla vial.
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Las palabras del funcionario generaron una ola de rechazo entre algunos sectores de la ciudadanía, que consideran que los problemas estructurales persisten y no han sido resueltos en su totalidad. Entre las críticas más reiteradas está el deterioro de la infraestructura vial, un tema que, según varios ciudadanos, refleja decisiones acumuladas de administraciones pasadas y limitaciones en la ejecución actual.
Algunas voces señalaron que parte de las obras realizadas han sido financiadas con recursos del presupuesto nacional, lo que ha abierto un debate sobre el alcance real de la gestión local. “Se han acumulado necesidades en la malla vial y muchas de las soluciones no corresponden únicamente a la administración actual”, expresó uno de los ciudadanos consultados.
El episodio también evidenció una tensión recurrente en la construcción de opinión pública: mientras desde la administración se insiste en la existencia de avances, sectores ciudadanos consideran que estos no son proporcionales a la magnitud de los problemas. Esta diferencia de percepciones ha derivado en un escenario donde conviven la crítica constante y el reconocimiento parcial, sin que se consolide una evaluación compartida.
El debate continúa abierto en la ciudad, en medio de cuestionamientos sobre cómo medir los avances y responder a las demandas acumuladas de la población.
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