Procuraduría investiga a alcaldesa de Santa Isabel por salarios impagos
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Santa Isabel, Tolima, Diana Magaly Caro Galindo, por una presunta demora en el pago de salarios y prestaciones sociales adeudadas a servidores públicos del municipio entre septiembre y diciembre de 2023, pagos que se habrían realizado de manera extemporánea pese a estar reconocidos como cuentas por pagar.
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La actuación disciplinaria se originó tras una queja ciudadana que alertó sobre la falta de pago de sueldos, primas, bonificaciones y subsidios correspondientes al último cuatrimestre de 2023. Según la información conocida, dichas obligaciones laborales ya habrían sido registradas oficialmente dentro de las cuentas por pagar del municipio.
Además de la actual mandataria municipal, la investigación involucra a la secretaria de Hacienda en ejercicio, Laura Valentina Díaz Castellanos; al exalcalde Rodolfo Andrés López Sierra, quien estuvo al frente de la administración entre 2020 y 2023; y a las exsecretarias de Hacienda Yenny Paola Salinas Reyes (2023) y Sandra Milena Camelo Rodríguez (2024).
De acuerdo con la Procuraduría, los hechos bajo análisis podrían constituir una omisión en el cumplimiento de deberes funcionales asociados a la gestión fiscal, presupuestal y financiera, particularmente en lo relacionado con la priorización de recursos públicos para atender obligaciones laborales.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas para determinar si el municipio contaba con recursos disponibles durante el periodo señalado y si estos fueron utilizados conforme a los principios legales que rigen la administración de dineros públicos.
El proceso disciplinario continuará con la recolección y evaluación del material probatorio que permita establecer eventuales responsabilidades individuales.
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Ministerio investiga reclamo laboral tras incidente en restaurante Frisby de Ibagué
Un video grabado dentro de un restaurante Frisby en Ibagué, en el que un trabajador manifiesta públicamente su inconformidad por presuntas condiciones laborales, desató una fuerte reacción en redes sociales durante el fin de semana y activó la intervención del Ministerio de Trabajo.
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Las imágenes, difundidas masivamente en plataformas digitales, muestran al empleado elevando su reclamo frente a clientes, lo que generó cuestionamientos sobre el trato laboral dentro del establecimiento y provocó una oleada de comentarios dirigidos a la cadena de comidas rápidas.
Tras la viralización del contenido, Frisby emitió un pronunciamiento en el que afirmó ajustarse a la normativa laboral vigente y a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional. La empresa señaló que, una vez conocido el hecho, se activaron los protocolos internos relacionados con seguridad y salud en el trabajo.
En su declaración, la compañía indicó que se brindó acompañamiento tanto al trabajador que realizó el reclamo como al resto del personal del punto de venta. Sin embargo, no precisó cuáles fueron las situaciones que originaron la inconformidad expresada en el video, ni confirmó si se adelanta una investigación interna para esclarecer los señalamientos.
Tampoco se informó si el empleado enfrentará eventuales medidas disciplinarias o si se implementarán cambios en la operación del restaurante involucrado. La empresa se limitó a señalar que dispone de “canales formales de escucha” para atender inconformidades relacionadas con el entorno laboral.
El Ministerio de Trabajo confirmó que inició actuaciones para verificar las condiciones laborales en el establecimiento, mientras el caso reabre el debate sobre las dinámicas laborales en el sector de comidas rápidas, donde las denuncias suelen adquirir visibilidad únicamente cuando se exponen en espacios públicos o redes sociales.
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