Más de 40 personas privadas de la libertad se graduaron como bachilleres en el Complejo Carcelario de Picaleña, en una ceremonia realizada esta semana, como parte del programa de educación para adultos de la institución educativa José Joaquín Flórez sede Simón Bolívar.
El grupo de internos culminó sus estudios de secundaria luego de varios meses de formación bajo el modelo de ciclos, una modalidad diseñada para adultos que no habían terminado su proceso académico. Según la Secretaría de Educación, actualmente más de 1.200 personas en reclusión participan en esta oferta educativa.
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Comunicado a la Opinión Pública
“Ya son más de 1.200 personas las que se vienen formando con este programa de educación para adultos, que nos hizo merecedores el pasado 23 de noviembre de una exaltación por parte del Ministerio de Educación Nacional”, indicó Diego Fernando Guzmán, secretario de Educación.
La ceremonia incluyó la presencia de familiares y docentes, quienes acompañaron a los internos en la entrega de títulos. Para varios de los recién graduados, este proceso representa una oportunidad de cambio. “Es un logro personal y para mi familia realizar todo el bachillerato. Me gustaría continuar con una carrera universitaria; como seres humanos nos equivocamos, pero se puede cambiar”, afirmó Alexander Roldán, una de las personas privadas de la libertad que recibió su diploma.
El programa busca fortalecer procesos de resocialización dentro del Coiba de Picaleña a través del acceso a la educación básica y media.
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Ciudadanos de Ibagué reaccionaron a las declaraciones del secretario general, Kevin Castañeda, quien afirmó que la población no valora la gestión de la actual administración. Las respuestas se dieron en distintos espacios de opinión, donde se cuestionaron tanto las afirmaciones como los resultados visibles en la ciudad, especialmente en temas como la malla vial.
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Las palabras del funcionario generaron una ola de rechazo entre algunos sectores de la ciudadanía, que consideran que los problemas estructurales persisten y no han sido resueltos en su totalidad. Entre las críticas más reiteradas está el deterioro de la infraestructura vial, un tema que, según varios ciudadanos, refleja decisiones acumuladas de administraciones pasadas y limitaciones en la ejecución actual.
Algunas voces señalaron que parte de las obras realizadas han sido financiadas con recursos del presupuesto nacional, lo que ha abierto un debate sobre el alcance real de la gestión local. “Se han acumulado necesidades en la malla vial y muchas de las soluciones no corresponden únicamente a la administración actual”, expresó uno de los ciudadanos consultados.
El episodio también evidenció una tensión recurrente en la construcción de opinión pública: mientras desde la administración se insiste en la existencia de avances, sectores ciudadanos consideran que estos no son proporcionales a la magnitud de los problemas. Esta diferencia de percepciones ha derivado en un escenario donde conviven la crítica constante y el reconocimiento parcial, sin que se consolide una evaluación compartida.
El debate continúa abierto en la ciudad, en medio de cuestionamientos sobre cómo medir los avances y responder a las demandas acumuladas de la población.
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