A poco más de un mes de las elecciones al Congreso de la República, previstas para el 8 de marzo, la seguridad del proceso electoral en el Tolima fue objeto de análisis durante el cuarto Comité de Seguimiento Electoral, en el que autoridades departamentales y nacionales evaluaron riesgos, denuncias y medidas preventivas ante posibles afectaciones a candidatos y votantes en distintos municipios del departamento.
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El encuentro abordó escenarios considerados sensibles dentro del contexto electoral, incluyendo amenazas a la integridad de actores políticos, restricciones a actividades de campaña y condiciones de orden público en zonas priorizadas por su nivel de riesgo.
Durante la sesión, se examinó una queja presentada por la representante a la Cámara Martha Alfonso, relacionada con presuntas dificultades para adelantar actividades políticas en el municipio de Murillo. Frente a esta situación, se solicitó información a la administración municipal correspondiente con el fin de establecer si existen limitaciones que puedan afectar el ejercicio de la actividad política.
“El comité permite identificar alertas tempranas y revisar las condiciones de seguridad antes, durante y después de la jornada electoral”, señaló el secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, Alfredo Bocanegra, al referirse al propósito de estos espacios de seguimiento.
En el marco del comité, también se informó sobre la programación de tres encuentros regionales adicionales en distintos municipios del Tolima, con la participación de alcaldes y autoridades locales, enfocados en revisar garantías electorales y reforzar el acompañamiento institucional en territorios con antecedentes de riesgo.
Adicionalmente, se confirmó que se adelantan coordinaciones interinstitucionales para la seguridad de la próxima visita al departamento del candidato presidencial Iván Cepeda, en articulación con la Fuerza Pública y autoridades municipales, como parte del dispositivo preventivo previsto para eventos de carácter político.
Las autoridades indicaron que el monitoreo al proceso electoral continuará de manera permanente hasta el día de las votaciones, en un contexto marcado por alertas tempranas, denuncias en revisión y despliegues de seguridad en puntos estratégicos del territorio tolimense.
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Sectores sociales, sindicatos, centrales obreras, padres de familia y ciudadanos confirmaron un paro en Ibagué tras no recibir respuesta oficial a una solicitud de diálogo sobre el aumento de la tarifa de busetas, señalado como el más alto del país, situación que detonó una movilización prevista para este martes frente al Palacio de Justicia.
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La decisión de convocar a la protesta se tomó luego de que, según los organizadores, no hubiera pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de Ibagué frente a un documento enviado previamente, en el que se solicitaba abrir un espacio de diálogo para revisar el incremento en el costo del transporte público urbano.
El paro fue confirmado por centrales obreras, organizaciones sindicales, padres de familia y miembros de la comunidad, quienes consideran que el aumento impacta directamente la economía de los hogares y limita el acceso a servicios básicos como educación y trabajo.
Jonathan Varón, vocero de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), afirmó: “Es el alza más alta de todo el país y hasta el día de hoy no hay respuesta de la administración municipal”, señalando que la falta de comunicación fue determinante para avanzar hacia la movilización.
La concentración está programada para el 28 de enero frente al Palacio de Justicia, donde los manifestantes exigirán soluciones inmediatas frente al incremento tarifario y una respuesta concreta por parte de la Alcaldía.
Hasta el cierre de este comunicado, no se ha conocido una postura oficial frente a las solicitudes planteadas por los sectores convocantes ni sobre posibles medidas para atender la inconformidad ciudadana.
Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse y participar de manera pacífica en la jornada de protesta anunciada.
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