En el Congreso Nacional Agropecuario, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, afirmó que el campo colombiano enfrenta un escenario crítico por las amenazas de seguridad y la escasa inversión en infraestructura rural, al exponer que estos factores frenan la producción y ponen en riesgo la estabilidad de las comunidades campesinas.
Durante su participación en el evento, Matiz señaló que la situación de orden público continúa impactando directamente a los productores, especialmente en zonas donde persisten estructuras armadas ilegales. “Con seguridad todo y sin seguridad nada”, afirmó, al insistir en que la protección de las comunidades es un requisito para sostener la oferta alimentaria del país.
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La mandataria mencionó que en el Tolima se mantienen problemáticas como la presencia de disidencias de las FARC en el sur del departamento, actividades de minería ilegal y microtráfico. Aseguró que estas dinámicas generan riesgos permanentes para los trabajadores rurales y afectan la movilidad de productos agrícolas.
En su intervención, Matiz también expuso que la ejecución de obras en vías terciarias y la ampliación de servicios públicos básicos continúan siendo temas pendientes en varias regiones. Según afirmó, actualmente se adelantan procesos de intervención vial con una inversión cercana a un billón de pesos, así como programas de electrificación y gasificación en zonas rurales. Sin embargo, sostuvo que estas acciones no son suficientes frente a la dimensión de las necesidades locales.
“Las regiones hemos visto mucho discurso, mucha retórica, pero poca inversión en seguridad por parte del Gobierno Nacional”, dijo. Además, señaló que la articulación entre presencia institucional y Fuerza Pública en los municipios se mantiene como una de las principales medidas para acompañar a las comunidades rurales.
Matiz concluyó que, sin una estrategia nacional más sólida, los avances productivos del campo seguirán en riesgo. “Si queremos que el agro produzca más y mejor, debemos garantizar seguridad y llevar inversión real. Solo así el campo podrá florecer”, afirmó durante el encuentro.
Las conclusiones del Congreso Nacional Agropecuario se publicarán en los próximos días, mientras organizaciones del sector continúan pidiendo medidas inmediatas para atender el deterioro de las condiciones en las zonas rurales.
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Ciudadanos de Ibagué reaccionaron a las declaraciones del secretario general, Kevin Castañeda, quien afirmó que la población no valora la gestión de la actual administración. Las respuestas se dieron en distintos espacios de opinión, donde se cuestionaron tanto las afirmaciones como los resultados visibles en la ciudad, especialmente en temas como la malla vial.
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Las palabras del funcionario generaron una ola de rechazo entre algunos sectores de la ciudadanía, que consideran que los problemas estructurales persisten y no han sido resueltos en su totalidad. Entre las críticas más reiteradas está el deterioro de la infraestructura vial, un tema que, según varios ciudadanos, refleja decisiones acumuladas de administraciones pasadas y limitaciones en la ejecución actual.
Algunas voces señalaron que parte de las obras realizadas han sido financiadas con recursos del presupuesto nacional, lo que ha abierto un debate sobre el alcance real de la gestión local. “Se han acumulado necesidades en la malla vial y muchas de las soluciones no corresponden únicamente a la administración actual”, expresó uno de los ciudadanos consultados.
El episodio también evidenció una tensión recurrente en la construcción de opinión pública: mientras desde la administración se insiste en la existencia de avances, sectores ciudadanos consideran que estos no son proporcionales a la magnitud de los problemas. Esta diferencia de percepciones ha derivado en un escenario donde conviven la crítica constante y el reconocimiento parcial, sin que se consolide una evaluación compartida.
El debate continúa abierto en la ciudad, en medio de cuestionamientos sobre cómo medir los avances y responder a las demandas acumuladas de la población.
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