Tres hombres fueron enviados a prisión por su presunta participación en un atentado sicarial ocurrido el 30 de octubre de 2025 a las afueras del centro penitenciario Coiba Picaleña, en Ibagué. La víctima, identificada como Cristian Ariza, alias “el flaco”, fue atacada con arma de fuego momentos después de recuperar su libertad. La investigación apunta a disputas por el control del tráfico local de estupefacientes en la comuna 12 como posible móvil.
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De acuerdo con la información judicial, tras cinco meses de indagaciones, unidades de la Sijín lograron identificar a los presuntos responsables mediante análisis de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos técnicos. Las capturas se realizaron por orden judicial contra Jonatan Álvarez Murillo, alias “morocho”, y Lino Villamil Castañeda, alias “lino”, en Ibagué, mientras que Johan Herrera Torres, alias “mundo malo”, fue notificado del proceso en la estación de Policía de Flandes, donde permanece detenido por otro caso.
Según las autoridades, “morocho”, de 31 años, habría ordenado el ataque; “lino”, de 23, habría coordinado la logística; y “mundo malo”, de 22, sería el presunto autor material de los disparos. Este último figura con múltiples antecedentes judiciales relacionados con porte ilegal de armas, amenazas y tráfico de estupefacientes.
El atentado quedó registrado en videos en los que se observa a dos hombres en motocicleta interceptar a la víctima y dispararle sin mediar palabra, en medio de un encuentro familiar tras su salida del centro carcelario.
En el mismo proceso se estableció que un cuarto implicado, identificado como Juan Felipe Martínez Posada, alias “Cartago”, quien conducía la motocicleta durante el ataque, fue asesinado en marzo de 2026 en el municipio de Cartago.
Las autoridades señalan que los implicados estarían vinculados a estructuras delincuenciales dedicadas al sicariato y al tráfico de drogas en el Tolima y zonas cercanas. El caso continúa en etapa judicial.
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La Personería de Ibagué realizó una jornada de verificación en el asentamiento Villa Resistencia para contrastar la información recopilada sobre las familias que habitan el sector. La actividad se desarrolló como parte de las funciones de vigilancia del Ministerio Público y buscó establecer si los datos utilizados en procesos administrativos reflejan la situación real de la comunidad.
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Durante la visita, encabezada por el personero municipal, Educardo Espinosa, funcionarios recorrieron el asentamiento y sostuvieron encuentros con residentes para revisar aspectos relacionados con la composición de los hogares, condiciones sociales y características de la población asentada en la zona.
Según informó la Personería, la revisión incluyó la identificación de personas que hacen parte de grupos con protección constitucional especial, entre ellos víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y población migrante.
“Estamos verificando que la información recopilada refleje la realidad de las familias que habitan este sector, con el fin de velar por la garantía de sus derechos y porque cualquier actuación administrativa se adelante respetando el debido proceso y las garantías constitucionales”, señaló el personero municipal, Educardo Espinosa.
La jornada tuvo como propósito contrastar los registros obtenidos dentro de actuaciones administrativas relacionadas con el asentamiento y establecer si estos corresponden a las condiciones actuales de quienes residen en el lugar.
Villa Resistencia ha sido objeto de diferentes actuaciones institucionales debido a las condiciones de ocupación del terreno y a la situación social de las familias que permanecen allí. En ese contexto, la Personería indicó que continuará realizando seguimiento a los procesos que involucren a la comunidad y mantendrá labores de vigilancia sobre el respeto de los derechos ciudadanos y las garantías constitucionales.
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