La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, expresó su preocupación por el recorte de aproximadamente $100 mil millones en los recursos que el Gobierno Nacional girará al departamento dentro del Presupuesto de Inversión aprobado para 2026. Según la mandataria, la disminución afectará la capacidad de ejecución de proyectos contemplados en su Plan de Desarrollo.
“Sin duda alguna es muy preocupante porque los recursos que tenemos para hacer nuestras inversiones son pocos. Los ingresos que reciben los departamentos son muy bajos en relación con los porcentajes que recibe la nación”, afirmó Matiz al referirse a la decisión del Congreso que ajustó los montos destinados a las regiones.
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Comunicado a la Opinión Pública
Pese al impacto presupuestal, la gobernadora señaló que su administración busca alternativas para cumplir con los compromisos de obra pública. “Estamos buscando soluciones para cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. Este año vamos a sacar a licitación los procesos comprometidos y lo único que pedimos al Gobierno es celeridad, especialmente del Ministerio de Transporte, para avanzar con los proyectos de regalías pendientes de aprobación”, indicó.
Matiz también respondió a los cuestionamientos sobre si el recorte podría interpretarse como una represalia política por parte del Gobierno Nacional. “No lo tomaría de esa manera. Creo que han querido ver mis reclamos como un ejercicio de oposición, pero aquí hemos sido respetuosos y hemos hecho solicitudes directas sobre temas de seguridad, recursos y trámites. Todos los departamentos fuimos afectados con el recorte, no solo el Tolima”, puntualizó.
El ajuste en el presupuesto nacional ha generado inquietud entre varios mandatarios regionales, quienes advierten que la reducción de recursos podría frenar proyectos estratégicos y limitar la ejecución de inversiones sociales en 2026.
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La Personería de Ibagué realizó una jornada de verificación en el asentamiento Villa Resistencia para contrastar la información recopilada sobre las familias que habitan el sector. La actividad se desarrolló como parte de las funciones de vigilancia del Ministerio Público y buscó establecer si los datos utilizados en procesos administrativos reflejan la situación real de la comunidad.
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Durante la visita, encabezada por el personero municipal, Educardo Espinosa, funcionarios recorrieron el asentamiento y sostuvieron encuentros con residentes para revisar aspectos relacionados con la composición de los hogares, condiciones sociales y características de la población asentada en la zona.
Según informó la Personería, la revisión incluyó la identificación de personas que hacen parte de grupos con protección constitucional especial, entre ellos víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y población migrante.
“Estamos verificando que la información recopilada refleje la realidad de las familias que habitan este sector, con el fin de velar por la garantía de sus derechos y porque cualquier actuación administrativa se adelante respetando el debido proceso y las garantías constitucionales”, señaló el personero municipal, Educardo Espinosa.
La jornada tuvo como propósito contrastar los registros obtenidos dentro de actuaciones administrativas relacionadas con el asentamiento y establecer si estos corresponden a las condiciones actuales de quienes residen en el lugar.
Villa Resistencia ha sido objeto de diferentes actuaciones institucionales debido a las condiciones de ocupación del terreno y a la situación social de las familias que permanecen allí. En ese contexto, la Personería indicó que continuará realizando seguimiento a los procesos que involucren a la comunidad y mantendrá labores de vigilancia sobre el respeto de los derechos ciudadanos y las garantías constitucionales.
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