Árbol inclinado mantiene en alerta adulta mayor en Ibagué
Una mujer de la tercera edad denunció que desde hace varios meses convive con el riesgo de que un árbol inclinado caiga sobre su vivienda en el barrio Praderas de Santa Rita, en Ibagué. La situación, según relató, se ha agravado con las recientes lluvias y pese a las gestiones realizadas ante distintas entidades, la intervención aún no se ha concretado.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
La afectada, identificada como María Consuelo Rodríguez, afirmó que el árbol se encuentra inclinado hacia su casa y teme que pueda colapsar en cualquier momento. Según explicó, la preocupación ha aumentado en los últimos días, al punto de asegurar que lleva varias noches sin poder dormir ante el riesgo.
“Llevo tres noches que no puedo dormir porque el árbol se dobló hacia mi casa y en cualquier momento puede caer. La más afectada voy a ser yo, pero también pasan carros y hay cables que podrían dañarse”, expresó.
De acuerdo con su testimonio, desde hace cerca de seis meses ha acudido a diferentes entidades para solicitar una revisión del caso. Entre ellas mencionó a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y dependencias relacionadas con gestión del riesgo de la Alcaldía de Ibagué.
La mujer indicó que funcionarios de Cortolima realizaron una visita técnica al lugar y confirmaron que el árbol estaba inclinado. Tras esa revisión, le recomendaron radicar la solicitud ante Infibagué y ante oficinas de gestión del riesgo para avanzar en el procedimiento correspondiente.
Sin embargo, Rodríguez asegura que, pese a haber presentado los documentos solicitados e incluso un derecho de petición, la situación sigue sin resolverse.
“En Cortolima me marcaron el árbol para que lo vinieran a cortar, pero no han venido. Después llegaron unas personas que no sé de dónde eran y me dijeron que como el riesgo era hacia mi casa, me tocaba pagar el corte”, señaló.
Según explicó, retirar el árbol implicaría un costo cercano a 1 millón 200 mil pesos, debido a que se requeriría maquinaria especializada para evitar que las ramas caigan sobre la vivienda, los vehículos que transitan por la vía o los cables del sector.
La adulta mayor también sostuvo que no cuenta con los recursos para asumir ese valor y aseguró que el árbol no se encuentra dentro de su propiedad, sino en una zona ecológica ubicada frente a su casa.
“Yo no tengo esa plata y además el árbol no está en mi casa, está al frente en una zona ecológica”, manifestó.
Ante este escenario, Rodríguez reiteró su solicitud para que el caso sea revisado y se determine qué entidad debe asumir la intervención antes de que se registre una posible emergencia en el sector.
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Ibagué Clama Justicia: La Trágica Muerte de un Joven Víctima de la Trata y la Guerra
Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co
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Una noticia desgarra el tejido social de Ibagué y enciende todas las alarmas en el país: un joven ibaguereño de tan solo 28 años ha perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, víctima de un engaño brutal. Su historia no es la de un voluntario militar, sino la de una persona atraída por falsas promesas de trabajo en el extranjero, que terminó siendo forzada a la guerra, en lo que las autoridades ya confirman como un desgarrador caso de trata de personas.
La revelación, confirmada por la Secretaría del Interior del Tolima, destapa una cruel red que opera en Colombia, atrayendo a jóvenes con vulnerabilidades económicas hacia un destino fatal. Como ha señalado Ricardo Suárez, secretario del Interior, el joven fue "llevado con falsas expectativas de trabajo y terminó siendo utilizado en el conflicto armado sin ningún tipo de experiencia militar. Prácticamente fue usado como señuelo en combate". Esta descripción cruda pinta un panorama de explotación y deshumanización.
El modus operandi, denunciado por el funcionario, es aterradoramente claro: engaño con ofertas laborales inexistentes, traslado al extranjero, despojo de documentos y coacción para firmar contratos que los vinculan a operaciones bélicas. El joven de Ibagué, que viajó en noviembre, estuvo desaparecido por más de cuatro meses, una cruel antesala a la confirmación de su muerte. Su caso se suma a las advertencias que desde diciembre ya se venían emitiendo sobre estas prácticas, detectadas también en otros países de América Latina.
Este caso no es solo una tragedia individual; es un llamado urgente a la conciencia nacional sobre la persistencia y la evolución de la trata de personas. Este delito transnacional, que la Ley 985 de 2005 en Colombia define y sanciona, implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. La explotación en este contexto, según el relato, se materializa en la utilización de individuos como carne de cañón en un conflicto ajeno, configurando una de las modalidades más extremas de este flagelo. El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 188A, sanciona específicamente la trata de personas con penas privativas de la libertad, las cuales aumentan si la víctima es menor de edad, si se somete a trabajos forzados o si se explota en conflictos armados.
Las autoridades, con la Gobernación del Tolima gestionando la repatriación del cuerpo ante la Cancillería, insisten en la imperiosa necesidad de desconfiar de ofertas laborales internacionales que carezcan de la verificación oficial. La urgencia radica en la protección de nuestros jóvenes, quienes, en su legítima búsqueda de oportunidades, no deben convertirse en presas de redes criminales que los arrojan a la guerra y la muerte.
La sociedad colombiana tiene el deber de reaccionar con contundencia. Este trágico desenlace exige no solo la investigación exhaustiva para desmantelar estas redes de trata y llevar a sus responsables ante la justicia, sino también la implementación de campañas preventivas robustas y accesibles. Es imperativo que cada ciudadano conozca los riesgos y los mecanismos para verificar ofertas, protegiendo así la vida y la dignidad de quienes, en su vulnerabilidad, son el blanco de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha reiterado la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos de este tipo de vulneraciones, tal como se desprende de la protección integral al derecho a la vida y a la integridad personal. El Decreto 1066 de 2015, que compila el sector de la Presidencia de la República, incluye lineamientos para la política pública en materia de trata de personas, exigiendo acciones coordinadas interinstitucionalmente para la prevención, protección y atención de víctimas. Que la memoria de este joven ibaguereño sea un impulso inquebrantable para proteger a todos aquellos que podrían convertirse en la próxima víctima.
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