Cinco personas fueron capturadas con fines de extradición en Cali y Tumaco, señaladas de integrar una organización dedicada al envío de cocaína desde el Pacífico colombiano hacia México y Centroamérica, con destino final en Estados Unidos. Las autoridades atribuyen a los detenidos funciones de coordinación, logística, financiación y reclutamiento de tripulantes para semisumergibles y lanchas rápidas.
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Las capturas se realizaron de manera simultánea en ambas ciudades como parte de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, con participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Armada Nacional y la agencia estadounidense DEA.
Los cinco detenidos son requeridos por una Corte del Distrito Medio de Florida por cargos relacionados con tráfico de narcóticos y lavado de activos. Durante los procedimientos fueron incautados 430 millones de pesos en efectivo, además de teléfonos móviles y equipos de geolocalización.
Entre los capturados está Jairo Alberto Núñez Palacios, alias El Indio, señalado como posible cabecilla de la estructura. Según la investigación, habría coordinado la salida de estupefacientes desde las costas de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, y mantenido contactos con grupos armados ilegales para facilitar los envíos.
También fueron capturados Brayan José Tello Guzmán, alias Cheo; Yeison Alexander Bolívar Peralta, alias Lindo; Segundo Guiderlen Andrade Quiñones, alias Charro o Charrupí; y Daniel Valverde, alias Simón.
De acuerdo con las autoridades, estas cuatro personas habrían desempeñado diferentes tareas dentro de la estructura, entre ellas labores logísticas y financieras, además del reclutamiento de tripulantes para las embarcaciones utilizadas en el transporte de la droga.
La investigación apunta a una operación que habría utilizado semisumergibles y lanchas rápidas para movilizar cocaína por el Pacífico colombiano, desde donde los cargamentos serían trasladados hacia México y países de Centroamérica antes de continuar su ruta hacia Estados Unidos.
Las capturas hacen parte de un proceso judicial internacional y las personas detenidas deberán responder ante las autoridades competentes por los cargos que motivaron las solicitudes de extradición.
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La intimidación contra el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, y los integrantes de su esquema de seguridad, ocurrida en zona rural del municipio, volvió a poner en el centro de la discusión la situación de orden público en el sur del Tolima y la presencia de estructuras armadas en esta región. Tras el hecho, el exsenador Óscar Barreto pidió al Gobierno Nacional evaluar el regreso del batallón que anteriormente funcionaba en Planadas.
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De acuerdo con información conocida sobre el caso, el mandatario se encontraba en la vereda La Esmeralda cuando hombres armados interceptaron a su esquema de seguridad y lo despojaron de sus armas de dotación. Según versiones preliminares, los sujetos también intimidaron al alcalde antes de retirarse del lugar.
El episodio habría involucrado a cerca de seis hombres que se movilizaban en motocicletas y portaban armas largas. Las autoridades manejan, de manera preliminar, la hipótesis de que los responsables pertenecerían al Frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, aunque la responsabilidad deberá ser establecida por las autoridades competentes.
El hecho generó pronunciamientos políticos. Barreto señaló que la situación refleja el nivel de riesgo que atraviesa la región y solicitó al Gobierno Nacional fortalecer la presencia de la Fuerza Pública mediante la restitución del batallón que operaba anteriormente en Planadas.
“Es lamentable la crítica situación de inseguridad que vive el sur del Tolima”, expresó el exsenador en su cuenta de X, donde también hizo referencia a las acciones de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, frente a la situación de seguridad del departamento.
En su pronunciamiento, Barreto agregó: “Hoy, la intimidación al alcalde de Planadas y su esquema de seguridad en donde se puso en riesgo sus vidas, confirma la gravedad de lo que está ocurriendo”.
La situación se presenta después de otros hechos de violencia registrados recientemente en municipios del sur del Tolima. En agosto, las autoridades departamentales ya habían solicitado al Gobierno Nacional un incremento del pie de fuerza y planteado la restitución del Batallón de Alta Montaña en Planadas, además del envío de unidades adicionales para reforzar el control territorial.
El caso de Planadas vuelve a poner bajo atención la seguridad de los mandatarios locales, sus equipos de protección y las comunidades rurales, mientras avanzan las verificaciones sobre los responsables del hecho y las medidas que adoptarán las autoridades frente a la situación de orden público en el sur del departamento.
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