Una investigación de la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto una presunta red de extorsiones que operaba desde la cárcel El Barne, en Cómbita (Boyacá), y que habría contado con la colaboración de cinco dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). En total, 17 personas fueron judicializadas por su presunta participación en un esquema que, según las autoridades, permitió realizar llamadas extorsivas a ciudadanos de distintas regiones del país durante 2025.
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De acuerdo con la investigación, la estructura habría funcionado entre enero y diciembre del año pasado. Mientras algunas personas recopilaban información sobre posibles víctimas —como su actividad económica, lugar de residencia y datos familiares—, otros integrantes se encargaban de hacer llegar esos datos a internos recluidos en diferentes pabellones del penal.
Con esa información, los privados de la libertad realizaban llamadas telefónicas en las que, haciéndose pasar por integrantes de grupos armados organizados, intimidaban a las víctimas con amenazas de muerte y les exigían consignaciones o giros de dinero.
Las capturas fueron realizadas en operativos coordinados entre la Fiscalía y la Policía Nacional en Bogotá y municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá.
Entre los judicializados figuran los dragoneantes Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez. Según la Fiscalía, los funcionarios habrían incumplido sus labores de vigilancia para facilitar el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos utilizados por los internos para ejecutar las extorsiones.
Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los 17 procesados el delito de extorsión. Ninguno aceptó los cargos.
Por decisión de un juez de control de garantías, Deivis Maryu Forero Gómez deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Los otros 16 investigados continuarán vinculados a la investigación en libertad.
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Un hombre de 48 años fue enviado a un centro carcelario, señalado de su presunta responsabilidad en el homicidio de su compañera sentimental ocurrido el 10 de junio de 2010 en el barrio Galán de Melgar, Tolima. La captura se produjo 16 años después de los hechos, luego de que permaneciera oculto, según la investigación, para evitar la acción de la justicia.
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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, una fiscal de la Seccional Tolima le imputó el delito de homicidio agravado. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos, mientras un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Según la investigación, la víctima habría sido atacada con un arma cortocontundente y, pese a ser trasladada a un centro asistencial en Ibagué, falleció horas después a causa de las heridas.
Uno de los aspectos que marcó el caso es que el ataque habría ocurrido en presencia de los dos hijos de la pareja, quienes tenían 4 y 6 años en ese momento. La investigación también señala que, tras los hechos, el hoy procesado obligó a los menores a marcharse con él antes de desaparecer de la región.
Las autoridades sostienen que el hombre permaneció oculto desde 2010 con el propósito de eludir a la justicia. La orden de captura fue materializada en Fusagasugá, Cundinamarca, por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional.
Con la imposición de la medida de aseguramiento, el proceso penal continuará mientras las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento de los hechos y se define la responsabilidad del procesado dentro del caso.
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