Fiscalía rastrea $2,3 billones del narcotráfico en una red empresarial y de criptoactivos
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar una presunta estructura dedicada al lavado de activos que, entre 2018 y 2026, habría movilizado más de $2,3 billones provenientes del narcotráfico mediante empresas, operaciones financieras y transacciones con criptoactivos. Cinco personas fueron capturadas y 36 bienes quedaron bajo medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
La investigación, adelantada por las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, estableció que la organización habría construido un entramado compuesto por nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio vinculados a actividades como obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.
Según los investigadores, varias de estas empresas tendrían poca o ninguna capacidad operativa y presentarían diferencias entre sus estados financieros y los movimientos registrados en sus cuentas bancarias. También fueron identificadas operaciones internacionales de alto valor y transferencias entre las propias compañías, utilizadas presuntamente para darle apariencia legal al dinero.
El rastreo financiero también llevó a las autoridades hasta operaciones con USDT, una moneda digital vinculada al dólar. De acuerdo con la investigación, se habrían realizado transferencias por grandes cantidades con empresas relacionadas con organizaciones narcotraficantes sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
La hipótesis de la Fiscalía señala que los recursos ingresaban al país mediante el sistema financiero o activos virtuales y posteriormente eran monetizados y retirados con rapidez. Una parte del dinero habría sido destinada a la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama, completando así una operación destinada presuntamente a ocultar su origen.
Cinco capturados
Entre los señalados por las autoridades se encuentra Hugo Daniel Giraldo Santamaría, identificado como presunto cabecilla y articulador de las operaciones de monetización, compensación y entrega de recursos.
La investigación también relaciona a Carolina María Giraldo, esposa de Giraldo Santamaría, con el manejo de grandes sumas de dinero y el conglomerado empresarial. Janeth Catalina Cano Santamaría habría coordinado la canalización y dispersión de activos virtuales, mientras que Johan Mateo Ruiz Orijhuela habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y conversión de los recursos.
El quinto señalado es Luis Andrés Ospina Ochoa, a quien los investigadores atribuyen labores relacionadas con el tránsito y ocultamiento del dinero mediante las sociedades bajo investigación.
Las cinco personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín, Antioquia, y Barranquilla, Atlántico, en un operativo desarrollado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA.
Durante los procedimientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte, además de otros elementos que quedaron a disposición de la investigación.
Bienes bajo medidas cautelares
En paralelo a las capturas, las autoridades ocuparon tres inmuebles en Envigado y Barranquilla, cuyo valor se estima en aproximadamente $2.500 millones, con fines de comiso.
Además, dentro del proceso de extinción del derecho de dominio fueron decretadas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado.
El listado comprende cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio, con un valor preliminar superior a US$10,2 millones.
La investigación busca establecer el alcance de la estructura, el origen de los recursos y la participación de las personas y empresas vinculadas al esquema. Las actuaciones judiciales corresponden a una investigación en curso y las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
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Primer caso por abuso sexual contra un animal llega a los tribunales en Santander
Un hombre fue enviado a prisión preventiva en Santander, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo judicializara por un caso de presunto acceso carnal a un animal, en lo que constituye la primera actuación de este tipo bajo la Ley 2627 de 2026. El procesado no aceptó los cargos.
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La investigación involucra a Edwin Lionicio Vélez Cardozo, señalado de haber retenido el pasado 30 de agosto a una perra identificada como ‘Luna’, en inmediaciones del barrio Campestre de San Vicente de Chucurí, Santander.
Según los elementos recopilados durante la investigación, el hombre habría trasladado posteriormente al animal hasta su residencia, donde presuntamente realizó actos sexuales. Después de los hechos, ‘Luna’ presentó sangrado e inflamación en varios órganos, además de alteraciones en su comportamiento.
Entre las afectaciones documentadas aparecen una reducción de su actividad habitual y de la ingesta de alimentos, así como conductas de aislamiento y huida cuando otras personas se acercaban. Los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilados por las autoridades apuntan, además, a afectaciones crónicas en su salud e integridad física.
Ante estos hechos, un fiscal de la Seccional Santander, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), presentó al señalado ante una juez de control de garantías.
La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal a animal, en concurso con lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal, conductas contempladas en la legislación vigente.
Durante la audiencia, Vélez Cardozo no aceptó los cargos. La juez, por su parte, impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
El caso marca la primera judicialización por acceso carnal a un animal desde la entrada en vigencia de la Ley 2627 de 2026, y abre un nuevo escenario judicial frente a este tipo de conductas en Colombia.
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