Joven de 19 años cayó con moto reportada como robada
Un joven de 19 años fue capturado en el barrio Las Ferias de Ibagué luego de que uniformados de la Policía verificaran que la motocicleta en la que se movilizaba figuraba como hurtada desde el pasado 28 de agosto.
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El procedimiento se registró en la carrera 2 Sur con calle 25, donde integrantes de la Zona de Atención Policial 1 del CAI Guabinal realizaban labores de control en vía pública y solicitaron los antecedentes del conductor y del vehículo.
Según la información conocida, al consultar los sistemas institucionales los uniformados establecieron que la motocicleta tenía un requerimiento vigente por hurto.
El vehículo había sido reportado como robado el 28 de agosto en el barrio 12 de Octubre. De acuerdo con el reporte del caso, su propietario lo dejó estacionado mientras visitaba a un amigo y, cuando regresó, ya no se encontraba en el lugar.
El hurto fue registrado bajo la modalidad conocida como “halado”, término utilizado para los casos en los que una motocicleta o vehículo es sustraído mientras permanece estacionado.
Tras confirmar el antecedente, los policías capturaron al joven que conducía la motocicleta y recuperaron el vehículo. Tanto el detenido como el automotor quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso correspondiente.
El mayor Francisco Javier Bermúdez, comandante de la Estación de Policía Centro, señaló que los controles en las calles permiten detectar vehículos con reportes de hurto y pidió a la ciudadanía suministrar información relacionada con este tipo de hechos.
Las autoridades no informaron en el boletín si el joven capturado estaría directamente relacionado con el hurto ocurrido en agosto. Esa circunstancia deberá ser determinada dentro de la investigación.
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Judicializan al exalcalde Andrés Hurtado por millonarias irregularidades en la interventoría del puente de la 60
Más de $1.000 millones pagados a una interventoría cuando la construcción del puente de la calle 60 registraba un avance inferior al 6 % están en el centro del proceso judicial que involucra al exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera y a otras siete personas. La Fiscalía General de la Nación los judicializó por presuntas irregularidades relacionadas con la selección del contratista y la ejecución del contrato encargado de vigilar la obra.
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El proceso también cobija a la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las exasesoras de la Alcaldía Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, y el contratista Francisco José Restrepo Albarello.
La investigación se concentra en un contrato de interventoría cuyo valor superó los $2.997 millones y que contemplaba un plazo de ocho meses. Su objeto era hacer seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado y sus interconexiones.
Uno de los puntos que examina la Fiscalía está relacionado con la selección del consorcio interventor. Según el ente investigador, el comité evaluador jurídico, del que hacían parte María Alejandra Arenas Plata y Angie Juliett Rojas Millán, habría tramitado y aprobado la propuesta presentada por el consorcio representado por Francisco José Restrepo Albarello, pese a una presunta inhabilidad para contratar con el Estado.
Pero el componente que concentra la atención de la investigación está en los desembolsos. De acuerdo con la Fiscalía, los pagos a la interventoría debían guardar relación con el porcentaje de ejecución de la obra. Las labores de policía judicial habrían determinado que fueron reconocidos más de $1.000 millones mientras la construcción permanecía por debajo del 6 % de avance.
Frente a la actuación del entonces alcalde Andrés Hurtado, la Fiscalía sostiene que presuntamente omitió ejercer controles sobre el proceso de selección y la ejecución contractual. En el caso de Sharon Guzmán, el ente acusador señala que habría intervenido en la adjudicación y respaldado actuaciones que permitieron pagos que, según la investigación, no se ajustaban a lo pactado.
Francisco José Restrepo Albarello, en calidad de representante legal del consorcio interventor, habría promovido cobros que, para la Fiscalía, no correspondían con las condiciones contractuales ni con el avance registrado por el proyecto.
Respecto de Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez, la investigación señala que presuntamente participaron en la supervisión, trámite o aval de los desembolsos sin adoptar las medidas necesarias para impedirlos.
Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima formuló cargos, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual de cada procesado, por delitos que incluyen peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Ninguna de las ocho personas judicializadas aceptó los cargos, por lo que las responsabilidades penales deberán ser determinadas dentro del proceso judicial y mediante las decisiones que adopten las autoridades competentes.
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