Más de $1.000 millones pagados a una interventoría cuando la construcción del puente de la calle 60 registraba un avance inferior al 6 % están en el centro del proceso judicial que involucra al exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera y a otras siete personas. La Fiscalía General de la Nación los judicializó por presuntas irregularidades relacionadas con la selección del contratista y la ejecución del contrato encargado de vigilar la obra.
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El proceso también cobija a la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las exasesoras de la Alcaldía Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, y el contratista Francisco José Restrepo Albarello.
La investigación se concentra en un contrato de interventoría cuyo valor superó los $2.997 millones y que contemplaba un plazo de ocho meses. Su objeto era hacer seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado y sus interconexiones.
Uno de los puntos que examina la Fiscalía está relacionado con la selección del consorcio interventor. Según el ente investigador, el comité evaluador jurídico, del que hacían parte María Alejandra Arenas Plata y Angie Juliett Rojas Millán, habría tramitado y aprobado la propuesta presentada por el consorcio representado por Francisco José Restrepo Albarello, pese a una presunta inhabilidad para contratar con el Estado.
Pero el componente que concentra la atención de la investigación está en los desembolsos. De acuerdo con la Fiscalía, los pagos a la interventoría debían guardar relación con el porcentaje de ejecución de la obra. Las labores de policía judicial habrían determinado que fueron reconocidos más de $1.000 millones mientras la construcción permanecía por debajo del 6 % de avance.
Frente a la actuación del entonces alcalde Andrés Hurtado, la Fiscalía sostiene que presuntamente omitió ejercer controles sobre el proceso de selección y la ejecución contractual. En el caso de Sharon Guzmán, el ente acusador señala que habría intervenido en la adjudicación y respaldado actuaciones que permitieron pagos que, según la investigación, no se ajustaban a lo pactado.
Francisco José Restrepo Albarello, en calidad de representante legal del consorcio interventor, habría promovido cobros que, para la Fiscalía, no correspondían con las condiciones contractuales ni con el avance registrado por el proyecto.
Respecto de Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez, la investigación señala que presuntamente participaron en la supervisión, trámite o aval de los desembolsos sin adoptar las medidas necesarias para impedirlos.
Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima formuló cargos, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual de cada procesado, por delitos que incluyen peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Ninguna de las ocho personas judicializadas aceptó los cargos, por lo que las responsabilidades penales deberán ser determinadas dentro del proceso judicial y mediante las decisiones que adopten las autoridades competentes.
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Un hombre de 26 años terminó capturado en el centro de El Espinal luego de que una consulta de antecedentes revelara que tenía una orden judicial vigente por el delito de hurto calificado y agravado. El procedimiento ocurrió hacia las 7:00 de la noche durante actividades de registro y control realizadas por uniformados de la Estación de Policía del municipio.
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De acuerdo con la información conocida, los policías se encontraban adelantando verificaciones de antecedentes a ciudadanos en el barrio Centro cuando solicitaron los datos del hombre.
La consulta realizada mediante los dispositivos tecnológicos utilizados por la Policía permitió establecer que era requerido por el Juzgado 22 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
La orden estaba relacionada con el delito de hurto calificado y agravado, por el cual existía una condena pendiente de cumplimiento.
Tras hacer efectiva la captura, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería. Posteriormente, fue trasladado a un establecimiento penitenciario y carcelario para cumplir la condena ordenada por la autoridad competente.
El coronel Ferney Martín Romero, comandante del Departamento de Policía Tolima, señaló que estas actuaciones hacen parte de los controles operativos y preventivos que se desarrollan para enfrentar delitos como el hurto.
Según indicó el oficial, la institución mantiene acciones de vigilancia y verificación de antecedentes en diferentes municipios del departamento.
Las autoridades también reiteraron el llamado a denunciar hechos que puedan afectar la seguridad a través de la línea de emergencias 123 o directamente ante la patrulla de Policía más cercana, indicando que la información suministrada será manejada bajo reserva.
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