Más de 1.700 policías vigilarán Ibagué en Halloween ante posibles alteraciones del orden
Las autoridades anunciaron un despliegue policial en distintos sectores de Ibagué durante la celebración del 31 de octubre, con especial atención a la protección de menores y la prevención de riñas.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
La celebración de Halloween en Ibagué estará acompañada de un operativo de seguridad con más de 1.700 uniformados, según anunció la Administración Municipal. La medida se implementará este sábado 31 de octubre en diferentes sectores de la capital tolimense para prevenir riñas, situaciones de intolerancia y otros incidentes que puedan afectar el orden público durante las actividades previstas para esta fecha.
El despliegue policial contempla labores de vigilancia y control en distintos puntos de la ciudad, donde se espera la presencia de familias y menores de edad que saldrán a participar en las tradicionales actividades de Halloween.
Uno de los principales llamados de las autoridades está relacionado con el comportamiento ciudadano, especialmente ante posibles conflictos que puedan presentarse durante la jornada.
Sergio Saavedra, director de Seguridad y Convivencia de Ibagué, advirtió sobre la necesidad de evitar enfrentamientos y situaciones que puedan poner en riesgo a quienes participen en la celebración.
“Queremos que nuestros niños disfruten, que las familias salgan y compartan, pero necesitamos el compromiso de todos. La invitación es a la tolerancia, al respeto y a evitar cualquier situación que pueda terminar en una riña o en hechos que tengamos que lamentar”, manifestó el funcionario.
La protección de los menores de edad también hace parte de las recomendaciones para este sábado. Las autoridades pidieron a padres de familia y adultos responsables mantener una supervisión permanente de los niños durante los recorridos, con el fin de reducir riesgos en espacios públicos.
De igual manera, se reiteró la advertencia sobre el consumo de bebidas alcohólicas y la conducción de vehículos, dos situaciones que requieren especial atención durante las celebraciones.
Aunque el operativo contará con más de 1.700 policías, las autoridades insistieron en que la prevención de incidentes también dependerá del comportamiento de quienes participen en las actividades programadas para Halloween.
El dispositivo de vigilancia se desarrollará durante el fin de semana del 31 de octubre, mientras las autoridades mantienen el llamado a evitar riñas, conducir bajo los efectos del alcohol y descuidar a los menores de edad en medio de las celebraciones.
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Escándalo en Cunday por ayudas a damnificados que habrían comprado votos
El alcalde de Cunday, William Escobar López, enfrenta una medida de aseguramiento en centro carcelario por presuntas irregularidades en la entrega de ayudas durante la emergencia de 2015. La decisión fue apelada por su defensa.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Un contrato de $119 millones, presuntas ayudas que nunca llegaron a sus destinatarios y denuncias sobre firmas falsificadas hacen parte de la investigación que tiene bajo la lupa judicial al alcalde de Cunday, William Escobar López. Un juez de control de garantías le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario por hechos relacionados con una supuesta estrategia de compra de votos durante las elecciones de 2015, cuando también estaba al frente de la administración municipal.
El expediente, adelantado por la Fiscalía General de la Nación, señala que entre agosto y octubre de ese año se habría utilizado una emergencia pública como mecanismo para favorecer electoralmente a un candidato. La declaratoria de calamidad, expedida el 3 de septiembre de 2015, habría servido para justificar la distribución de materiales entre ciudadanos que figuraban como afectados.
Sin embargo, las investigaciones apuntan a que parte de estos recursos presuntamente fueron utilizados con fines distintos a la atención de la emergencia. Según la hipótesis del ente acusador, Escobar López habría solicitado apoyo electoral a cambio de beneficios materiales.
Uno de los aspectos que más llama la atención del proceso corresponde a los testimonios de 35 ciudadanos registrados como beneficiarios del contrato, quienes manifestaron no haber resultado damnificados. Varios aseguraron que nunca recibieron los materiales relacionados en los documentos oficiales, mientras otros denunciaron que sus firmas habrían sido falsificadas.
Entre los elementos que aparecían en las actas estaban tejas de zinc, bultos de cemento y tanques plásticos. Algunos declarantes afirmaron haber recibido únicamente una parte de lo consignado, lo que abrió interrogantes sobre el destino de los recursos y la veracidad de los soportes utilizados para justificar las entregas.
En el mismo proceso fue judicializado Humberto Rodríguez Morales, quien ejercía como almacenista municipal durante 2015. De acuerdo con la investigación, habría participado en el presunto uso irregular de los recursos del contrato y en la entrega de elementos ofrecidos a cambio de respaldo electoral.
La Fiscalía también investiga la posible alteración de documentos oficiales relacionados con las ayudas destinadas a atender los efectos del fenómeno de El Niño, debido a que algunos registros habrían incluido entregas que, según los testimonios recopilados, nunca se efectuaron.
Por estos hechos, a Escobar López le fueron imputados los delitos de corrupción al sufragante y falsedad ideológica en documento público. Tanto el mandatario como Rodríguez Morales rechazaron los cargos formulados en su contra.
La decisión judicial abre además un escenario de incertidumbre administrativa en Cunday. Durante la audiencia, la Procuraduría General de la Nación solicitó informar a la Gobernación del Tolima sobre la situación del alcalde, con el propósito de que se evalúen los procedimientos legales correspondientes ante una eventual ausencia del mandatario y la posible designación de un encargado.
No obstante, la orden de reclusión contra Escobar López aún está pendiente de quedar en firme. Su defensa interpuso un recurso de apelación y será un juez de segunda instancia quien determine si confirma, modifica o revoca la medida.
El caso vuelve a poner bajo examen el manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y su presunta utilización para obtener beneficios electorales. Por ahora, las responsabilidades penales continúan sin establecerse mediante sentencia definitiva y los dos procesados conservan su derecho a la presunción de inocencia.
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