¿Sabe de grupos armados o extorsiones en Tolima? Esta es la línea para denunciar
La Sexta Brigada del Ejército Nacional recuerda que la ciudadanía puede reportar información sobre actividades ilegales a través de la línea 107, bajo reserva de confidencialidad.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
La Sexta Brigada del Ejército Nacional hizo un llamado a los habitantes del Tolima para que denuncien posibles actividades ilegales en barrios, veredas y municipios del departamento, con el propósito de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la vida y la seguridad de la población.
La advertencia se centra en hechos relacionados con la presencia de grupos armados, amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado y tráfico de armas, así como otras conductas sospechosas que puedan representar un peligro para las comunidades.
Según la información difundida por la unidad militar, quienes tengan conocimiento de estas situaciones pueden comunicarse con la línea 107, habilitada para recibir reportes ciudadanos relacionados con posibles hechos delictivos.
Uno de los aspectos señalados en el llamado es la confidencialidad de la información suministrada. La Sexta Brigada indicó que los datos entregados por los denunciantes serán tratados de manera reservada, con el fin de facilitar la comunicación de situaciones que puedan comprometer la seguridad en el territorio.
El pronunciamiento también busca que los ciudadanos estén atentos a posibles casos de reclutamiento forzado y otras actividades ilegales que puedan afectar a la población, tanto en sectores urbanos como rurales del Tolima.
Finalmente, la unidad militar reiteró que cualquier persona que conozca información sobre estos hechos puede reportarla a través de la línea 107, como parte de los mecanismos de recepción de denuncias y alertas sobre posibles riesgos para la comunidad.
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Escándalo por $21.550 millones en Ataco salpica a exsecretaria de Planeación
La exfuncionaria es investigada por presuntas irregularidades en contratos para construir 1.170 unidades sanitarias en zonas rurales de Ataco. La Fiscalía calcula un posible detrimento patrimonial de $499 millones.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Un presunto caso de corrupción relacionado con contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías puso bajo investigación a una exsecretaria de Planeación e Infraestructura de Ataco, Tolima. Se trata de Adriyojana Lugo Camacho, señalada de intervenir en el direccionamiento de contratos vinculados a un proyecto de $21.550 millones destinado a construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas del municipio, cuyas obras permanecen inconclusas.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, las presuntas irregularidades comprometerían dos contratos de obra y dos de interventoría. En el proceso también se indaga la posible participación de otros funcionarios de la administración municipal, un exalcalde y contratistas que habrían intervenido en la ejecución del proyecto.
Uno de los principales hallazgos está relacionado con la actuación de Lugo Camacho, quien ocupó el cargo de secretaria de Planeación e Infraestructura hasta octubre de 2026. Según el ente acusador, la exfuncionaria habría elaborado los estudios previos de dos contratos de interventoría con condiciones que presuntamente favorecían a un único proponente.
La investigada también habría integrado el comité evaluador que recomendó adjudicar dichos contratos, cuyo valor conjunto ascendía a $1.061 millones.
Las sospechas no se limitan a la etapa de contratación. Durante el ejercicio de sus funciones como supervisora, Lugo Camacho presuntamente permitió que se adelantaran trabajos sin el acompañamiento de la interventoría encargada de verificar su ejecución.
A esta situación se suma un episodio ocurrido en agosto de 2024, cuando la entonces funcionaria avaló un acta de suspensión contractual que contenía la firma del representante de la empresa interventora, pese a que, según la investigación, este no asistió a la reunión en la que se suscribió el documento.
La Fiscalía estima que estas actuaciones habrían ocasionado un detrimento patrimonial de $499 millones, correspondiente a recursos que fueron girados en el marco de los contratos investigados.
El caso adquiere relevancia por el destino de los recursos públicos. Las unidades sanitarias estaban proyectadas para beneficiar a comunidades rurales de Ataco, un municipio que ha enfrentado durante décadas las consecuencias del conflicto armado y que forma parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
En cuanto a la situación judicial de la exsecretaria, las autoridades informaron que fue capturada después de presentarse voluntariamente ante la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional en Neiva, Huila, tras conocer que existía una orden judicial en su contra.
Posteriormente, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
Lugo Camacho no aceptó los cargos. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Sin embargo, la Fiscalía apeló esta determinación.
La investigación forma parte de las actuaciones del Grupo de Tareas Especiales establecido para identificar posibles irregularidades en la administración de recursos del Sistema General de Regalías, particularmente aquellos destinados a financiar proyectos sociales y de infraestructura en distintas regiones del país.
Mientras avanza el proceso judicial para establecer las responsabilidades individuales, las 1.170 unidades sanitarias proyectadas en las 47 veredas de Ataco continúan sin terminar, pese a los recursos comprometidos para su construcción.
Las conductas atribuidas a la exfuncionaria y a los demás posibles involucrados permanecen bajo investigación. La imputación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad, y las responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades judiciales.
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