Un video difundido en redes sociales por una madre residente en el sur de Ibagué evidenció las dificultades de tres menores para iniciar el año escolar, situación que derivó en una intervención articulada desde la Policía Metropolitana de la ciudad.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
María Martínez, madre de tres niños en edad escolar, publicó el contenido audiovisual a inicios de esta semana desde su vivienda ubicada a orillas del río Tejar. En el registro, la mujer explicó que sus hijos ya habían iniciado clases, pero no contaban con morrales, útiles, uniformes ni recursos para el transporte hacia su institución educativa.
Según relató la madre en el video, los implementos escolares se encontraban deteriorados por el uso del año anterior y no fue posible renovarlos durante la temporada de fin de año. La grabación, realizada con un teléfono celular, se difundió rápidamente en plataformas digitales y generó múltiples reacciones de usuarios.
La publicación llegó hasta el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Édgar López, quien conoció el caso durante su jornada laboral. De acuerdo con información conocida posteriormente, ese mismo día se iniciaron gestiones internas para recolectar elementos escolares con apoyo de funcionarios de la Policía Comunitaria y aportes voluntarios de ciudadanos del sector.
La recolección incluyó cuadernos, uniformes, calzado, maletas escolares y otros insumos básicos. Posteriormente, la madre fue contactada mediante una videollamada y citada al comando de Policía junto con sus tres hijos, sin que se le informara previamente el motivo del encuentro.
Un vehículo institucional se desplazó hasta el sector conocido como La Cartagena, zona de invasión en el sur de la ciudad, para trasladar a la familia. En el comando, los menores recibieron bicicletas nuevas, útiles escolares completos, uniformes y zapatos, destinados a facilitar su desplazamiento y asistencia regular a clases.
El caso ha reabierto el debate sobre las condiciones de acceso a la educación de familias que habitan en sectores vulnerables de Ibagué, así como el impacto que tienen las redes sociales para visibilizar situaciones que, de otro modo, permanecen fuera de la agenda pública.
No se ha informado si otras entidades realizarán acompañamiento posterior a la familia ni si existen programas activos que atiendan casos similares en la zona.
Las autoridades locales recomiendan a la ciudadanía acudir a las rutas institucionales existentes para reportar situaciones que afecten el acceso de niños y adolescentes a la educación formal.
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Un hombre de 48 años fue enviado a un centro carcelario, señalado de su presunta responsabilidad en el homicidio de su compañera sentimental ocurrido el 10 de junio de 2010 en el barrio Galán de Melgar, Tolima. La captura se produjo 16 años después de los hechos, luego de que permaneciera oculto, según la investigación, para evitar la acción de la justicia.
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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, una fiscal de la Seccional Tolima le imputó el delito de homicidio agravado. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos, mientras un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Según la investigación, la víctima habría sido atacada con un arma cortocontundente y, pese a ser trasladada a un centro asistencial en Ibagué, falleció horas después a causa de las heridas.
Uno de los aspectos que marcó el caso es que el ataque habría ocurrido en presencia de los dos hijos de la pareja, quienes tenían 4 y 6 años en ese momento. La investigación también señala que, tras los hechos, el hoy procesado obligó a los menores a marcharse con él antes de desaparecer de la región.
Las autoridades sostienen que el hombre permaneció oculto desde 2010 con el propósito de eludir a la justicia. La orden de captura fue materializada en Fusagasugá, Cundinamarca, por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional.
Con la imposición de la medida de aseguramiento, el proceso penal continuará mientras las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento de los hechos y se define la responsabilidad del procesado dentro del caso.
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