Dos hombres de 22 y 35 años fueron capturados en distintos sectores de El Espinal durante procedimientos en los que las autoridades incautaron sustancias estupefacientes y una motocicleta.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Dos hombres de 22 y 35 años fueron capturados en flagrancia durante dos operativos realizados por la Policía del Tolima en el municipio de El Espinal. Los procedimientos, adelantados por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en la vereda Patio Bonito y el barrio La Nacional, permitieron la incautación de más de un kilogramo de una sustancia similar a la marihuana, otras dosis de estupefacientes y una motocicleta.
El primer caso se registró hacia las 7:10 de la noche en la variante de la vereda Patio Bonito, donde los uniformados interceptaron a un hombre de 35 años durante labores de patrullaje y control.
Según el reporte policial, durante el registro le encontraron dos bolsas tipo Ziploc que contenían más de un kilogramo de una sustancia vegetal con características semejantes a la marihuana. En el mismo procedimiento fue incautada una motocicleta.
En otro punto del municipio, aproximadamente a las 7:00 de la noche, integrantes del GOES capturaron a un joven de 22 años en el barrio La Nacional. Durante la intervención, las autoridades le hallaron 15 bolsas tipo Ziploc con sustancias estupefacientes, cuya composición y peso no fueron especificados en el informe oficial.
Ambos procedimientos fueron reportados como capturas en flagrancia por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Los dos detenidos, junto con las sustancias y el vehículo incautado, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) adelantó los actos urgentes correspondientes.
Se espera que un juez de control de garantías determine la situación jurídica de los capturados, quienes mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial en firme.
Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede reportar posibles actividades relacionadas con la comercialización de sustancias ilícitas a través de la línea de emergencia 123 o ante la patrulla de Policía más cercana.
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La terminación del contrato con Fiduprevisora dará paso a una transición de hasta dos años, durante la cual deberán mantenerse los servicios médicos, la entrega de medicamentos y las prestaciones económicas de los docentes.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Después de 36 años de relación contractual, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decidió no renovar el acuerdo entre el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora S. A. para la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). La determinación, anunciada el viernes 30 de octubre, se produce en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de salud de los docentes y dará paso a un proceso de transición a partir del 1 de noviembre.
La medida fue comunicada durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del FOMAG y corresponde al Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, cuya vigencia finaliza este sábado 31 de octubre.
El cambio abre interrogantes sobre el futuro de la atención médica de los maestros y sus familias, especialmente frente a la continuidad de tratamientos, el suministro de medicamentos y el reconocimiento de prestaciones económicas.
Según el Ministerio de Educación, la decisión estuvo precedida por evaluaciones jurídicas, técnicas, financieras y operativas, además de informes de supervisión, hallazgos de organismos de control y recomendaciones de los ministerios de Trabajo y Hacienda, así como de representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
El periodo de transición tendrá una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de extenderse por otro año. Durante ese tiempo se revisarán las condiciones administrativas, financieras y operativas del fondo para establecer los ajustes necesarios en su funcionamiento.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, sostuvo que la determinación responde a las dificultades documentadas en la ejecución del contrato y señaló que el proceso deberá desarrollarse sin desconocer los derechos adquiridos por los docentes.
"No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta crisis ni normalizar sus consecuencias", manifestó la funcionaria, quien también indicó que el Ejecutivo deberá presentar resultados y rendir cuentas sobre los asuntos pendientes.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, advirtió que las dificultades administrativas no deben trasladarse a los afiliados. "Los maestros no pueden asumir las consecuencias de las fallas administrativas", afirmó.
A estas declaraciones se sumó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien señaló la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia, seguimiento y control sobre los recursos destinados a financiar la atención sanitaria del magisterio.
La transición también se desarrollará bajo la vigilancia de los organismos de control. El pasado 22 de octubre, la Procuraduría General de la Nación había emitido una alerta preventiva por el vencimiento del contrato fiduciario y la necesidad de gestionar aproximadamente $1,8 billones adicionales para financiar el componente de salud durante el resto de 2026.
Ante ese panorama, el Ministerio de Educación solicitó a Fiduprevisora un plan detallado de actividades que permita mantener la operación durante el cambio contractual. Asimismo, pidió a la Superintendencia Nacional de Salud ejercer especial vigilancia sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), con el propósito de prevenir interrupciones en la atención.
Las autoridades nacionales han señalado que la finalización del acuerdo no debe afectar los tratamientos en curso, la entrega de medicamentos ni los trámites y pagos correspondientes a las prestaciones económicas.
Sin embargo, la continuidad efectiva de estos servicios será uno de los principales aspectos por verificar desde el 1 de noviembre, cuando comience oficialmente la transición.
La decisión marca el cierre de un contrato suscrito en 1990 y abre una etapa de reorganización del FOMAG, cuyo desarrollo estará condicionado por la capacidad de mantener la atención a los docentes y sus beneficiarios mientras se implementan los cambios anunciados.
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