La rápida reacción de la patrulla de vigilancia fue clave para lograr su captura y recuperación del bien Hurtado. Policía captura a mujer por el hurto de celular en la zona centro de Ibagué
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Por: Oficina de prensa de la Policía Metropolitana de Ibagué. Tolima7dias.com.co
Las constantes actividades de disuasión, registro y control, en la ciudad, siguen dando resultados tangibles en la lucha contra el delito.
Gracias a la efectiva reacción de la Policía Metropolitana de Ibagué, en el barrio El Carmen logró la captura en flagrancia de una mujer de 29 años, presunta responsable del hurto de un teléfono celular avaluado en más de un millón de pesos.
Según información suministrada por la víctima, un hombre de 21 años de edad, él se encontraba esperando transporte público en la calle 17 con carrera 5 cuando fue abordada por la mujer, quien iba en compañía de dos hombres lo intimidaron, obligándolo a entregar su teléfono móvil. El decidió seguirlos y, al ver una patrulla de la Policía, pidió auxilio para alertar lo sucedido.
Los hombres implicados en el hurto al notar la presencia policial huyeron hacia el sector de la plaza de la 21, mientras que la mujer fue capturada en la carrera 5 con calle 20, logrando así la recuperación del teléfono hurtado. Tanto la capturada como el celular recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Al respecto, el Mayor Ricardo Andrés Moreno Vargas, comandante operativo (E) de la Policía Metropolitana de Ibagué, declaró: "Este resultado es fruto de la rápida reacción de nuestros uniformados y del trabajo conjunto con la ciudadanía, que confió en nuestros policías para actuar de manera oportuna. Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los habitantes de Ibagué".
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Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
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