Recuperan dos motos qué habían sido hurtadas. Transitaban como si nada
Los planes para contrarrestar el hurto de automotores siguen dando resultados. Dos motocicletas hurtadas fueron recuperadas en la comuna 3 y 8 de Ibagué La denuncia ciudadana sigue siendo fundamental para el hurto de automotores en la ciudad.
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Por: Oficina de prensa de la policía metropolitana de Ibagué. Tolima7dias.com.co
La Policía Nacional, mediante planes focalizados para contrarrestar el hurto en todas sus modalidades, llevo a cabo la recuperación de dos motocicletas que habían sido hurtadas bajo las modalidades de factor oportunidad.
La primera recuperación se llevó a cabo en el barrio Prado 2, donde fue recuperada una motocicleta Pulsar NS-150, avaluada en $5.000.000. Esta motocicleta era solicitada por la Fiscalía 76 Local de la Unidad de Intervención Temprana de Ibagué, por el delito de hurto, en hechos que ocurrieron el 28 de septiembre del presente año, en la carrera 4 con calle 24 de la ciudad de Ibagué.
Asimismo, en el barrio El Carmen se recuperó una motocicleta Auteco Bajaj, la cual era solicitada por la Fiscalía 73 de la Unidad de Intervención Temprana de Ibagué. Este vehículo había sido hurtado en la madrugada del 12 de octubre en la Av. Mirolindo con calle 62, frente a un establecimiento comercial.
Las motocicletas recuperadas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales solicitantes, para ser devueltas a sus legítimos dueños.
El mayor Ricardo Andrés Moreno Vargas manifestó al respecto: "Le recordamos a la comunidad que la Policía Nacional cuenta con salas de identificación técnica de automotores en las principales ciudades del país, donde se puede certificar que los vehículos que van a ser comprados o vendidos no tengan antecedentes o requerimientos por parte de las autoridades judiciales".
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Presión por La Colosa: cuestionan apelaciones tras fallo ambiental
Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
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