Su altura y rasgos físicos los delataron, tenía orden de captura
En acciones de patrullaje, logran la captura de un hombre por orden judicial. Esta persona deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego
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Por: Oficina de Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Ibagué. Tolima7dias.com.co
Mediante actividades operativas, siguen contrarrestando el delito en la capital tolimense.
En el marco de las acciones adelantadas por la Policía Metropolitana de Ibagué para fortalecer la seguridad y el orden en la ciudad, logran la captura de un hombre de 22 años en el sector del barrio La Cima, por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.
El cuadrante 17 del Caí Jardín, durante labores de patrullaje preventivo, identificó a un ciudadano que presentaba una orden judicial vigente. La verificación se llevó a cabo a través del captor biométrico, confirmando que el individuo era requerido por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.
Este ciudadano era requerido por el Juzgado Octavo Penal Municipal con funciones de control de garantías por lo que se le materializaron los derechos como capturado, en cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley.
“De esta manera reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de Ibagué, fortaleciendo operativos y presencia policial en áreas estratégicas de la ciudad. Este caso es una muestra del trabajo coordinado entre los diferentes entes de seguridad y justicia, que permite actuar de manera oportuna y eficaz en respuesta a las necesidades de la ciudadanía,” manifestó el Mayor Ricardo Andrés Moreno Vargas, comandante Distrito 1 de Policía METIB.
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Presión por La Colosa: cuestionan apelaciones tras fallo ambiental
Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
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