Arroceros qué levantaron el paro, solo esperan que les cumplan
Gobernadora del Tolima celebra acuerdo que puso fin al paro arrocero. La mandataria manifestó que las reclamaciones de los arroceros eran justas y espera que sean cumplidas por el Gobierno Nacional.
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Por: Oficina de prensa de la Gobernación del Tolima. Tolima7dias.com.co
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, celebró a través de su cuenta de X el levantamiento del paro arrocero y el acuerdo alcanzado entre los productores del cereal y el Gobierno Nacional.
"Me alegra que los arroceros, en beneficio de miles de colombianos, hayan levantado el paro y los bloqueos viales en acuerdo logrado con la señora Viceministra de Asuntos Agropecuarios", expresó la mandataria en su publicación.
Matiz recalcó la importancia de que las peticiones del sector arrocero sean cumplidas por el Gobierno, asegurando que sus reclamos son justos. Además, destacó su compromiso desde la región para buscar soluciones que alivien la situación del sector.
Entre las propuestas que ha impulsado la administración departamental, la gobernadora mencionó la necesidad de establecer una nueva fórmula diferencial para el cobro de la Tasa por Uso de Agua (TUA) y los costos país. Según explicó, esta medida ha sido trabajada de manera articulada con los ministerios correspondientes.
Finalmente, Matiz enfatizó que la salida a los conflictos del sector agrícola debe darse a través del diálogo y el acuerdo, rechazando la imposición y la descalificación hacia quienes trabajan en el campo colombiano.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria del Tolima, Fernando Borja Sánchez, afirmó: “Yo creo que es un balance muy positivo para la cadena productiva del arroz, donde se logran mejorar las condiciones del precio, porque se está buscando un precio diferencial a la carga de arroz. Yo creo que con este ejercicio, donde se ha podido llegar a los acuerdos, tanto estructurales como de corto, mediano y largo plazo, se benefician os campesinos y productores pequeños y medianos de los departamentos de el Tolima y el Huila”.
Luego, Borja, quien acompañó las mesas de diálogo durante nueve días, agregó: “Yo creo que es un gran éxito para los productores, después de todo un ejercicio que hemos tenido en esta mesa de diálogo; logramos que los productores sean los más beneficiados”.
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Ibagué Clama Justicia: La Trágica Muerte de un Joven Víctima de la Trata y la Guerra
Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co
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Una noticia desgarra el tejido social de Ibagué y enciende todas las alarmas en el país: un joven ibaguereño de tan solo 28 años ha perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, víctima de un engaño brutal. Su historia no es la de un voluntario militar, sino la de una persona atraída por falsas promesas de trabajo en el extranjero, que terminó siendo forzada a la guerra, en lo que las autoridades ya confirman como un desgarrador caso de trata de personas.
La revelación, confirmada por la Secretaría del Interior del Tolima, destapa una cruel red que opera en Colombia, atrayendo a jóvenes con vulnerabilidades económicas hacia un destino fatal. Como ha señalado Ricardo Suárez, secretario del Interior, el joven fue "llevado con falsas expectativas de trabajo y terminó siendo utilizado en el conflicto armado sin ningún tipo de experiencia militar. Prácticamente fue usado como señuelo en combate". Esta descripción cruda pinta un panorama de explotación y deshumanización.
El modus operandi, denunciado por el funcionario, es aterradoramente claro: engaño con ofertas laborales inexistentes, traslado al extranjero, despojo de documentos y coacción para firmar contratos que los vinculan a operaciones bélicas. El joven de Ibagué, que viajó en noviembre, estuvo desaparecido por más de cuatro meses, una cruel antesala a la confirmación de su muerte. Su caso se suma a las advertencias que desde diciembre ya se venían emitiendo sobre estas prácticas, detectadas también en otros países de América Latina.
Este caso no es solo una tragedia individual; es un llamado urgente a la conciencia nacional sobre la persistencia y la evolución de la trata de personas. Este delito transnacional, que la Ley 985 de 2005 en Colombia define y sanciona, implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. La explotación en este contexto, según el relato, se materializa en la utilización de individuos como carne de cañón en un conflicto ajeno, configurando una de las modalidades más extremas de este flagelo. El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 188A, sanciona específicamente la trata de personas con penas privativas de la libertad, las cuales aumentan si la víctima es menor de edad, si se somete a trabajos forzados o si se explota en conflictos armados.
Las autoridades, con la Gobernación del Tolima gestionando la repatriación del cuerpo ante la Cancillería, insisten en la imperiosa necesidad de desconfiar de ofertas laborales internacionales que carezcan de la verificación oficial. La urgencia radica en la protección de nuestros jóvenes, quienes, en su legítima búsqueda de oportunidades, no deben convertirse en presas de redes criminales que los arrojan a la guerra y la muerte.
La sociedad colombiana tiene el deber de reaccionar con contundencia. Este trágico desenlace exige no solo la investigación exhaustiva para desmantelar estas redes de trata y llevar a sus responsables ante la justicia, sino también la implementación de campañas preventivas robustas y accesibles. Es imperativo que cada ciudadano conozca los riesgos y los mecanismos para verificar ofertas, protegiendo así la vida y la dignidad de quienes, en su vulnerabilidad, son el blanco de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha reiterado la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos de este tipo de vulneraciones, tal como se desprende de la protección integral al derecho a la vida y a la integridad personal. El Decreto 1066 de 2015, que compila el sector de la Presidencia de la República, incluye lineamientos para la política pública en materia de trata de personas, exigiendo acciones coordinadas interinstitucionalmente para la prevención, protección y atención de víctimas. Que la memoria de este joven ibaguereño sea un impulso inquebrantable para proteger a todos aquellos que podrían convertirse en la próxima víctima.
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