Un hombre de 43 años fue capturado en flagrancia por presunto porte ilegal de armas de fuego durante un procedimiento de la Policía Nacional realizado en el barrio San Antonio, en el norte de Ibagué. El operativo se llevó a cabo en medio de labores de patrullaje, vigilancia y control desarrolladas por uniformados de la institución._m
*Por: Editor Regiómmn*
Según la información entregada por la Policía, los uniformados observaron al ciudadano durante el recorrido preventivo y le practicaron un registro personal. En la inspección encontraron un revólver calibre 22 y cinco cartuchos para la misma arma, sin que el hombre presentara la documentación exigida para acreditar su porte legal.
Tras el hallazgo, los policías realizaron la captura del implicado e incautaron el arma de fuego y la munición como parte del procedimiento judicial.
Las autoridades informaron que, al verificar los antecedentes del capturado, este registra una anotación judicial por el delito de lesiones personales.
El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
"Continuaremos intensificando los planes de registro, control y prevención en los diferentes sectores de Ibagué, con el propósito de contrarrestar la comisión de delitos que afecten la seguridad ciudadana e invitando a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la tranquilidad, a través de la línea de emergencia 123", manifestó el mayor Luis Carlos Flórez Quintero, comandante encargado del Distrito Uno de Policía.
*
Tolima7dias.com.co Sabe lo que dice.
Por: Julio César Montañez Roa, Abogado, Docente y candidato a Doctor en Filosofía del Derecho. Columnista invitado. tolima7dias.com.co
Advertencia: los comentarios escritos a continuación son responsabilidad única y exclusiva de su autor, y en nada compromete a este medio de comunicación digital.
Creo que el señor presidente electo Abelardo De La Espriella ya surtió el juicio más importante sobre la legitimidad de su elección. Se trató de un proceso muy complejo, un poco vago, impreciso, poco institucional, pero suficiente para considerar al procesado legítimo presidente de la república. No hay lugar a más cuestionamientos.
Las acusaciones fueron de todo tipo: morales, políticas, jurídicas, sociales, sexuales, internacionales y hasta gastronómicas. Le imputaron conductas de todos los tiempos: cuando niño, cuando estudiante y cuando abogado. Lo acusaron de matar gatos, abogado de mafiosos, defensor de paramilitares, estafador de estafadores, odiar personas por su condición sexual, maltratar mujeres, haber jurado lealtad a otros países y hasta odiar la changua y el ajiaco.
Gracias a los medios de comunicación oficiales y privados y a las redes sociales, la totalidad de las imputaciones fueron conocidas por la plenaria del jurado, es decir, todo el pueblo colombiano. El juicio fue amplio y suficiente: tanto los acusadores como el acusado y sus defensores, tuvieron la oportunidad de exponer, con buenos y malos argumentos, sus pruebas y sus razones. No hubo un solo votante que no hubiera conocido y discutido cada uno de estos cargos.
El fallo se produjo en dos instancias: la primera, es decir, la primera vuelta electoral, le dio la razón al doctor De La Espriella; la segunda, es decir, la segunda vuelta, volvió a darle la razón, aunque con menos solidez debido a elementos exógenos que afectaron la autonomía de algunos de los jurados. Asílas cosas, no hay ninguna razón para que ahora, cualquiera, con los mismos argumentos morales, jurídicos, políticos o de otro tipo, intente desconocer los fallos de primera y segunda instancia dictados el 31 de mayo y el 21 de junio pasados.
Pero nadie puede evitar que los abogados o los perdedores acudan a diferentes acciones judiciales, administrativas o de derecho internacional para evitar que el presidente se posesione o que ejerza el poder. Sin embargo, en sana razón, todos esos procesos deben estar sometidos a lo que los más reconocidos tratadistas del derecho y la política llaman Democracia Constitucional o Democracia Discursiva.
Según Rober Alexy, la democracia constitucional consiste en que el derecho es de doble naturaleza: contiene decisiones morales o críticas y decisiones fácticas o reales. Ambas son producto de un proceso discursivo que implica establecer primero las normas ideales que actúan como criterio rector y luego las normas reales, incluidas las sentencias, que sólo podrán ser las que resulten de un debate o discurso en el que participen todos, defendiendo sus respectivas posiciones morales, económicas, religiosas, políticas, personales, etc.
Pues bien, eso fue precisamente lo que ocurrió en Colombia: Un discurso, un debate, en el que todos los interesados participaron y se produjo un fallo. En consecuencia, no hay lugar a más procesos judiciales ni de ningún otro orden nacional o internacional. La oposición debería dejar de seguir acusando al presidente de todo lo que lo acusó antes de las elecciones porque esas sindicaciones, o fueron desvirtuadas por el hoy presidente o no fueron probadas por sus detractores o, habiendo sido probadas, el jurado supremo, el pueblo, no las consideró impedimento para ejercer la presidencia y por eso votó por él. Ya todo está decidido y la decisión fue producto de un proceso discursivo como el que ahora reclaman los más connotados constitucionalistas del mundo. Dedíquense en adelante a juzgar sus actos de gobierno porque para eso es la oposición.
Estás Leyendo cambioin.com