Destruyen maquinaria por $630 millones en operativo contra minería ilegal
Un complejo presuntamente dedicado a la minería ilegal fue intervenido en la vereda Meche San Cayetano, en Coyaima, durante una operación de la Sexta Brigada del Ejército Nacional. Según las autoridades militares, la maquinaria destruida estaba avaluada en cerca de $630 millones y sería utilizada para generar recursos destinados a la Comisión Gerónimo Galeano, del Bloque Central Isaías Pardo del GAO-r.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
La operación contó con la participación de tropas del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo y del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 9, además del apoyo de la Brigada Contra la Minería Ilegal y del Comando Aéreo de Combate N.° 4.
Durante la intervención fue localizada una unidad de producción minera en la que las autoridades destruyeron de manera controlada una excavadora, dos motores industriales, una clasificadora y una planta eléctrica.
De acuerdo con información de inteligencia reportada por el Ejército y obtenida a través de la línea 107 Antiterrorismo, en el sitio se producirían aproximadamente 3.000 gramos de oro cada mes.
La institución militar estimó que esa cantidad de oro tendría un valor cercano a los $1.440 millones mensuales. Según su reporte, estos recursos presuntamente contribuían a financiar las actividades de la Comisión Gerónimo Galeano.
Además del valor calculado de la producción mensual, las autoridades señalaron que la maquinaria inutilizada durante el procedimiento tendría un costo aproximado de $630 millones, lo que representaría una afectación a la capacidad logística y financiera de esa estructura.
El operativo también estuvo dirigido a frenar los impactos asociados con la explotación minera ilegal sobre los recursos naturales de esta zona del sur del Tolima.
El Ejército informó que mantendrá las operaciones contra estructuras vinculadas con economías ilícitas y actividades que generen afectaciones ambientales en el departamento.
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Judicializan al exalcalde Andrés Hurtado por millonarias irregularidades en la interventoría del puente de la 60
Más de $1.000 millones pagados a una interventoría cuando la construcción del puente de la calle 60 registraba un avance inferior al 6 % están en el centro del proceso judicial que involucra al exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera y a otras siete personas. La Fiscalía General de la Nación los judicializó por presuntas irregularidades relacionadas con la selección del contratista y la ejecución del contrato encargado de vigilar la obra.
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El proceso también cobija a la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las exasesoras de la Alcaldía Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, y el contratista Francisco José Restrepo Albarello.
La investigación se concentra en un contrato de interventoría cuyo valor superó los $2.997 millones y que contemplaba un plazo de ocho meses. Su objeto era hacer seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado y sus interconexiones.
Uno de los puntos que examina la Fiscalía está relacionado con la selección del consorcio interventor. Según el ente investigador, el comité evaluador jurídico, del que hacían parte María Alejandra Arenas Plata y Angie Juliett Rojas Millán, habría tramitado y aprobado la propuesta presentada por el consorcio representado por Francisco José Restrepo Albarello, pese a una presunta inhabilidad para contratar con el Estado.
Pero el componente que concentra la atención de la investigación está en los desembolsos. De acuerdo con la Fiscalía, los pagos a la interventoría debían guardar relación con el porcentaje de ejecución de la obra. Las labores de policía judicial habrían determinado que fueron reconocidos más de $1.000 millones mientras la construcción permanecía por debajo del 6 % de avance.
Frente a la actuación del entonces alcalde Andrés Hurtado, la Fiscalía sostiene que presuntamente omitió ejercer controles sobre el proceso de selección y la ejecución contractual. En el caso de Sharon Guzmán, el ente acusador señala que habría intervenido en la adjudicación y respaldado actuaciones que permitieron pagos que, según la investigación, no se ajustaban a lo pactado.
Francisco José Restrepo Albarello, en calidad de representante legal del consorcio interventor, habría promovido cobros que, para la Fiscalía, no correspondían con las condiciones contractuales ni con el avance registrado por el proyecto.
Respecto de Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez, la investigación señala que presuntamente participaron en la supervisión, trámite o aval de los desembolsos sin adoptar las medidas necesarias para impedirlos.
Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima formuló cargos, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual de cada procesado, por delitos que incluyen peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Ninguna de las ocho personas judicializadas aceptó los cargos, por lo que las responsabilidades penales deberán ser determinadas dentro del proceso judicial y mediante las decisiones que adopten las autoridades competentes.
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