La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por tres meses al docente Paulo Enrique Reinoso Mosquera, quien se desempeñaba en la Institución Educativa La Risalda, en Chaparral (Tolima), tras concluir en un fallo de primera instancia que incurrió en una conducta inapropiada con una estudiante de seis años dentro del plantel educativo durante 2022.
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De acuerdo con la decisión disciplinaria, el organismo de control determinó que el entonces docente sostuvo un contacto físico inadecuado con la menor al darle un beso en la boca mientras ambos se encontraban en las instalaciones de la institución educativa.
La Procuraduría estableció que esa actuación vulneró los deberes funcionales que rigen el ejercicio de la docencia y desconoció las obligaciones de protección reforzada hacia los niños, niñas y adolescentes, previstas en la normativa que regula la función pública.
En el fallo, la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Tolima concluyó que el comportamiento representó una infracción a los deberes y prohibiciones aplicables a los servidores públicos, al considerar que la conducta fue incompatible con las responsabilidades propias del cargo y con el deber de garantizar un entorno seguro para los estudiantes.
El ente de control calificó la falta como grave, cometida a título de dolo, por lo que impuso como sanción la destitución del cargo y una inhabilidad especial por tres meses para ejercer funciones públicas.
"La conducta desconoció las obligaciones legales y éticas propias de la función docente y las disposiciones de protección integral dirigidas a la niñez", señala la decisión disciplinaria conocida en primera instancia.
La Procuraduría recordó que quienes ejercen funciones en el sector educativo deben mantener relaciones exclusivamente pedagógicas con los estudiantes y evitar cualquier comportamiento que comprometa su integridad, confianza o bienestar.
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Quince familias que buscaban oportunidades deportivas para sus hijos terminaron, presuntamente, siendo víctimas de una estafa que superaría los 57 millones de pesos. La Fiscalía judicializó a Félix Antonio Mora Ortiz, señalado de hacerse pasar como presidente de una escuela o club de fútbol para ofrecer supuestas pruebas deportivas en México y España entre 2022 y 2023.
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De acuerdo con la investigación, el procesado habría convencido a padres de familia de entregar diferentes sumas de dinero bajo la promesa de gestionar el viaje de sus hijos al exterior y facilitar su ingreso a procesos de formación y proyección en clubes internacionales.
Las evidencias recopiladas por la Fiscalía indican que Mora Ortiz aseguraba contar con convenios que permitirían a los menores participar en pruebas deportivas fuera del país. Con ese argumento, habría recibido más de 57 millones de pesos destinados, supuestamente, a cubrir trámites como la expedición de pasaportes, visas, compra de tiquetes aéreos, hospedaje y otros gastos relacionados con el viaje.
Sin embargo, según el ente investigador, ninguno de los compromisos ofrecidos se habría cumplido y las familias no obtuvieron los viajes ni las oportunidades deportivas que les fueron prometidas.
Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Bogotá presentó escrito de acusación contra Félix Antonio Mora Ortiz como presunto responsable del delito de estafa.
Durante el proceso, el acusado no aceptó el cargo. El caso continuará bajo el Procedimiento Penal Especial Abreviado establecido en la Ley 1826 de 2017, mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar su responsabilidad.
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