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Gobernadora del Tolima, le dijo mentiroso al presidente Petro, y lo dejó sin argumentos

Gobernadora del Tolima, le dijo mentiroso al presidente Petro, y lo dejó sin argumentos
Foto: Adriana Magaly Matiz gobernadora del Tolima y el presidente Gustavo Petro. Tolima7dia.com.co
16 de Apr, 2025

”Presidente Petro: NO MIENTA SOBRE MI”. La dura respuesta de la gobernadora del Tolima. Adriana Matiz le salió al paso a un trino del jefe del Estado Colombiano sobre una supuesta falta de inversión para contener la fiebre amarilla en el Departamento. “ No le hace bien al país mentir en medio de sus afanes”, refutó la mandataria.

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Por: Oficina de prensa de la Gobernación del Tolima. Tolima7dias.com.co

En un hilo de cinco trinos, publicado en la noche de este martes, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, le respondió, con fechas precisas y argumentos contundentes, al presidente de la República, Gustavo Petro, quien horas antes había acusado a la mandataria, también en la Red Social X, de no girar los dineros para ayudar a detener el virus de la fiebre amarilla en el Departamento.

“Presidente @petrogustavo, NO MIENTA SOBRE MÍ! Sr Presidente, no le hace bien al país mentir en medio de sus afanes y endilgarme falsas responsabilidades sin fundamento”, refutó la mandataria a Petro, en un primer trino.

Luego, Matiz recordó la fecha en la que se decretó la emergencia pública en el territorio tolimense: “Le recuerdo que decretamos emergencia pública en el departamento del Tolima, por Fiebre Amarilla, el día 13 de noviembre de 2024, y desde el mes de octubre de 2024, hacemos PMU con la participación de su MinSalud (por fortuna están grabados)”.

Seguidamente, recordó todas las acciones que el Gobierno Departamental ha adelantado para contener el avance del virus. “Hemos realizado los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo con todas las autoridades (hay actas), contratamos nuestros equipos de despliegue a todos los municipios, y llevamos a hoy más de 100 mil vacunas aplicadas, acompañados de la Organización Panamericana de la Salud”. Más adelante, recapituló los encuentros de seguimiento a las acciones: “Desde noviembre, hacemos PMU una vez a la semana, en compañía de la Superintendencia de Salud”.

Finalmente, la mandataria también se refirió a un pronunciamiento del jefe de Estado, a finales del mes de marzo, en el que desestimó el alcance de la fiebre amarilla: “Sé de mis responsabilidades jurídicas y políticas ante esta emergencia por Fiebre Amarilla, esa misma que usted, el 26 de marzo pasado, dijo en el Consejo de Ministros que era "un brote de fiebre amarilla en unos micos" y que su gobierno había controlado”.

“Entonces, una pregunta sencilla: ¿Quién no actuó a tiempo y por qué mentirle al país ahora?”, cuestionó la mandataria al final de la contundente respuesta.

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01 de May, 2026

Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co

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Una noticia desgarra el tejido social de Ibagué y enciende todas las alarmas en el país: un joven ibaguereño de tan solo 28 años ha perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, víctima de un engaño brutal. Su historia no es la de un voluntario militar, sino la de una persona atraída por falsas promesas de trabajo en el extranjero, que terminó siendo forzada a la guerra, en lo que las autoridades ya confirman como un desgarrador caso de trata de personas.

La revelación, confirmada por la Secretaría del Interior del Tolima, destapa una cruel red que opera en Colombia, atrayendo a jóvenes con vulnerabilidades económicas hacia un destino fatal. Como ha señalado Ricardo Suárez, secretario del Interior, el joven fue "llevado con falsas expectativas de trabajo y terminó siendo utilizado en el conflicto armado sin ningún tipo de experiencia militar. Prácticamente fue usado como señuelo en combate". Esta descripción cruda pinta un panorama de explotación y deshumanización.

El modus operandi, denunciado por el funcionario, es aterradoramente claro: engaño con ofertas laborales inexistentes, traslado al extranjero, despojo de documentos y coacción para firmar contratos que los vinculan a operaciones bélicas. El joven de Ibagué, que viajó en noviembre, estuvo desaparecido por más de cuatro meses, una cruel antesala a la confirmación de su muerte. Su caso se suma a las advertencias que desde diciembre ya se venían emitiendo sobre estas prácticas, detectadas también en otros países de América Latina.

Este caso no es solo una tragedia individual; es un llamado urgente a la conciencia nacional sobre la persistencia y la evolución de la trata de personas. Este delito transnacional, que la Ley 985 de 2005 en Colombia define y sanciona, implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. La explotación en este contexto, según el relato, se materializa en la utilización de individuos como carne de cañón en un conflicto ajeno, configurando una de las modalidades más extremas de este flagelo. El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 188A, sanciona específicamente la trata de personas con penas privativas de la libertad, las cuales aumentan si la víctima es menor de edad, si se somete a trabajos forzados o si se explota en conflictos armados.

Las autoridades, con la Gobernación del Tolima gestionando la repatriación del cuerpo ante la Cancillería, insisten en la imperiosa necesidad de desconfiar de ofertas laborales internacionales que carezcan de la verificación oficial. La urgencia radica en la protección de nuestros jóvenes, quienes, en su legítima búsqueda de oportunidades, no deben convertirse en presas de redes criminales que los arrojan a la guerra y la muerte.

La sociedad colombiana tiene el deber de reaccionar con contundencia. Este trágico desenlace exige no solo la investigación exhaustiva para desmantelar estas redes de trata y llevar a sus responsables ante la justicia, sino también la implementación de campañas preventivas robustas y accesibles. Es imperativo que cada ciudadano conozca los riesgos y los mecanismos para verificar ofertas, protegiendo así la vida y la dignidad de quienes, en su vulnerabilidad, son el blanco de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha reiterado la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos de este tipo de vulneraciones, tal como se desprende de la protección integral al derecho a la vida y a la integridad personal. El Decreto 1066 de 2015, que compila el sector de la Presidencia de la República, incluye lineamientos para la política pública en materia de trata de personas, exigiendo acciones coordinadas interinstitucionalmente para la prevención, protección y atención de víctimas. Que la memoria de este joven ibaguereño sea un impulso inquebrantable para proteger a todos aquellos que podrían convertirse en la próxima víctima.

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