Reclamos por avalúos catastrales siguen siendo mínimos en la ciudad
En medio de un debate de control político realizado este lunes en el Concejo Municipal de Ibagué, la Secretaría de Planeación respondió a cuestionamientos sobre la actualización catastral, revelando que se han registrado cerca de 3.800 reclamaciones frente a un universo aproximado de 262.000 predios, lo que representa menos del 1 %. El espacio abordó el impacto del proceso en el impuesto predial y las inquietudes ciudadanas frente a posibles inconsistencias.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Durante la sesión, la Administración Municipal explicó los componentes técnicos de la actualización catastral adelantada en 2025, señalando que esta información es la base para la liquidación del impuesto predial vigente. Según lo expuesto, de las 3.800 peticiones, quejas y reclamos (PQR) recibidas, alrededor de 1.800 ya han sido tramitadas.
“Las reclamaciones no alcanzan ni el 1 % del total de predios en la ciudad”, afirmó Daniela Cabrera, secretaria de Planeación, al referirse al volumen de inconformidades registradas frente al proceso.
El debate también evidenció tensiones entre sectores políticos. El concejal William Santiago aseguró que el objetivo era aclarar dudas sin generar confrontaciones. “Este debate no busca polarizar, pero sí busca aclarar y darle tranquilidad a la ciudad frente a este proceso que impacta directamente a todos”, indicó.
Aunque desde la administración se insiste en que el proceso ha sido explicado mediante estrategias informativas, persisten dudas entre algunos ciudadanos sobre el alcance de los avalúos y su efecto en el cobro del impuesto predial. Entretanto, el recaudo continúa en curso mientras avanzan las respuestas a las reclamaciones pendientes.
Tolima7dias.com.co Sabe lo que dice.
La Urgencia de la Seguridad Ciudadana en Medellín: Una Perspectiva desde los Derechos Humanos
Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado Tolima7dias.com.co
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La reciente grabación de un atraco a plena luz del día en Medellín, perpetrado por dos delincuentes en motocicleta contra los pasajeros de un taxi, es un reflejo desolador de la creciente inseguridad que azota nuestra ciudad. Este incidente, capturado por un ciudadano valiente que, a pesar de la impotencia, documentó el suceso, no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema estructural que demanda una atención urgente y soluciones integrales.
Los detalles del video son escalofriantes: un parrillero empuñando un arma, apuntando directamente a la víctima, mientras su cómplice en la moto observa con una mezcla de inquietud y descaro. La impunidad con la que operan estos delincuentes, en medio de una congestión vehicular y a plena vista de todos, evidencia una preocupante falla en las estrategias de seguridad y control. La sensación de desprotección ciudadana se agudiza al constatar que, a pesar de la presencia de otros vehículos y testigos, el acto criminal se consuma sin que haya una intervención inmediata.
Este tipo de actos no solo afecta a las víctimas directas, sino que socava la confianza en las instituciones y genera un clima de miedo que restringe la libertad y el desarrollo de la sociedad. La rutina de los medellinenses se ve alterada por la constante amenaza, lo que se traduce en un detrimento de la calidad de vida y un freno al progreso económico y social.
Como activista, panelista, defensor de derechos humanos y miembro de Amnistía Internacional, he sido testigo de primera mano de cómo la inseguridad impacta profundamente en la vida de las personas, especialmente en las comunidades más vulnerables. La criminalidad no es solo un problema de orden público; es un problema que vulnera derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y la libertad.
La respuesta a esta problemática no puede limitarse a operativos esporádicos o a la mera captura de delincuentes, por importantes que estas acciones sean. Se requiere una estrategia integral que aborde las causas profundas de la criminalidad, como la desigualdad, la falta de oportunidades, la exclusión social y la impunidad. Es fundamental fortalecer la presencia policial en las calles, pero también es indispensable invertir en programas de prevención del delito, educación, empleo y desarrollo social.
Asimismo, es imperativo que las autoridades judiciales actúen con celeridad y contundencia para garantizar que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia y reciban las sanciones correspondientes. La impunidad es el caldo de cultivo para la reincidencia y la proliferación de la delincuencia.
La ciudadanía también tiene un papel fundamental en la construcción de entornos más seguros. La denuncia, la participación en redes de apoyo comunitario y la exigencia de resultados a las autoridades son acciones que contribuyen a la lucha contra la criminalidad.
El caso del atraco en Medellín es un llamado de atención. Es hora de que, como sociedad, nos unamos para exigir y construir un futuro donde la seguridad y la tranquilidad sean una realidad para todos. La protección de nuestros ciudadanos no puede ser un asunto negociable; es una obligación del Estado y un derecho inalienable de cada persona.
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