La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, denunció este lunes que grupos disidentes estarían ejerciendo mecanismos de control sobre comunidades de varios municipios del departamento mediante citaciones y procesos de carnetización de ciudadanos. La situación, según indicó, se concentra principalmente en zonas del sur, suroriente y oriente del Tolima, en medio de la preparación para la segunda vuelta presidencial.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Durante una declaración pública, la mandataria aseguró que este fenómeno viene siendo reportado desde 2024 y lo calificó como una transformación en las formas de violencia ejercidas por estructuras ilegales.
“Venimos denunciando desde el año 2024 que se está realizando carnetización. Hoy existe una mutación de la violencia. Ya no se presentan enfrentamientos directos entre la Fuerza Pública y las disidencias, sino una coerción social sobre las comunidades”, afirmó.
Según explicó, estas prácticas incluyen convocatorias obligatorias y procesos de identificación promovidos por grupos armados ilegales, acciones que, a su juicio, buscan generar presión e intimidación sobre la población civil sin recurrir necesariamente a confrontaciones armadas visibles.
La gobernadora señaló que varias de estas situaciones han sido reportadas por habitantes de diferentes municipios y anunció que los casos serán expuestos ante la Mesa de Seguimiento Electoral convocada para este martes.
“Realizan citaciones y carnetización a las personas de la comunidad. No es un hecho aislado. Son denuncias que nos han llegado desde distintos puntos del departamento y que deben ser revisadas en el contexto del proceso electoral que se aproxima”, sostuvo.
Matiz indicó que estas dinámicas se estarían presentando especialmente en municipios ubicados en el sur, suroriente y oriente del Tolima, regiones donde históricamente han existido preocupaciones por la presencia de grupos armados ilegales.
La mandataria también aseguró que las estructuras ilegales han modificado sus formas de operación territorial. Según dijo, ya no se observan grandes concentraciones de integrantes armados ejerciendo control en determinadas zonas, sino grupos más reducidos que mantienen presencia y vigilancia sobre corredores y comunidades específicas.
Ante el escenario electoral de las próximas semanas, la Gobernación anunció que expondrá estas denuncias ante las autoridades competentes con el fin de evaluar medidas que permitan garantizar el ejercicio libre del voto y la seguridad de los ciudadanos durante la jornada democrática.
Las denuncias sobre carnetización y presuntas acciones de coerción social se suman a las alertas que han surgido en distintas regiones del país sobre posibles riesgos para el desarrollo de actividades políticas y electorales en territorios con presencia de estructuras armadas ilegales.
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El coronel retirado Wilson Humberto Velandia Serrano fue capturado en Medellín por su presunta participación en el secuestro, las agresiones sexuales, la tortura y el asesinato de dos hermanas en 2003.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Más de 23 años después del asesinato y desaparición de dos hermanas de 19 y 17 años en Granada, Antioquia, la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención preventiva del coronel retirado del Ejército Wilson Humberto Velandia Serrano, señalado de haber participado en las agresiones sexuales contra las jóvenes y de presuntamente ordenar su muerte y el ocultamiento de sus cuerpos. Los hechos investigados ocurrieron entre el 21 y el 22 de febrero de 2003.
La investigación señala que las víctimas fueron interceptadas en la plaza principal del municipio por integrantes del Frente Batallas del Santuario, perteneciente al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes las trasladaron contra su voluntad hasta una vivienda.
En ese lugar habría llegado Velandia Serrano, quien para entonces se desempeñaba como teniente del Batallón de Artillería N.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. Según el expediente, el militar habría llevado a la adolescente de 17 años hasta un baño, donde presuntamente la agredió sexualmente, mientras su hermana mayor era sometida a abusos por otros hombres.
Las autoridades también investigan la posible participación del entonces oficial en otras agresiones contra las víctimas, quienes habrían sido golpeadas, amenazadas y acusadas de mantener vínculos con otro grupo armado ilegal.
Uno de los señalamientos más graves apunta a que Velandia Serrano presuntamente ordenó a los paramilitares asesinar a las hermanas y enterrar sus cuerpos en un cerro. La Fiscalía sostiene, además, que años después habría dispuesto la exhumación de los restos para impedir su localización.
Tras recopilar elementos de prueba relacionados con estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ordenó la captura del coronel en retiro, procedimiento que fue ejecutado por unidades de la Sijín de la Policía Nacional en Medellín.
El exmilitar fue vinculado formalmente a la investigación mediante diligencia de indagatoria como posible responsable de cinco delitos: secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.
El proceso se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000 y forma parte de las investigaciones priorizadas por la Fiscalía sobre crímenes relacionados con estructuras paramilitares durante el conflicto armado colombiano.
Por ahora, Velandia Serrano deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial. La medida de aseguramiento no constituye una condena, por lo que el coronel retirado mantiene su presunción de inocencia hasta que se determine judicialmente su responsabilidad en los hechos.
La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y las responsabilidades individuales en la violencia ejercida contra las dos hermanas.
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