El Tolima sigue siendo uno de los principales receptores de vehículos robados
Peritos expertos en identificación de automotores de la Policía Tolima lograron en hechos aislados la recuperación de dos motocicletas. Las motocicletas serán retornadas a sus propietarios. Los rodantes eran requeridos por autoridades de la ciudad de Bogotá y Armenia.
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Por: Oficina de prensa de la Policía del Tolima. Tolima7dias.com.co
A esta hora continúan los operativos contra el delito en todo el departamento.
En el marco de la estrategia integral contra el hurto a motocicletas, el Departamento de Policía Tolima, a través del Perito en Identificación de Automotores de la Seccional de Tránsito y Transporte, logró en las últimas horas la recuperación de dos motocicletas en operativos realizados en los municipios de El Espinal e Ibagué.
El primer caso se registró sobre las 07:30 de la mañana en el kilómetro 1, vía Flandes, jurisdicción de El Espinal, cuando uniformados realizaban labores de prevención y control. En el lugar, se logró la recuperación de una motocicleta Pulsar NS 200, la cual presentaba una solicitud de inmovilización por hurto, requerida por la Fiscalía N°141 Local de Bogotá. Según las investigaciones, el vehículo había sido hurtado bajo la modalidad de halado el 8 de noviembre de 2021 en el barrio Costa Azul de la localidad de Suba. La motocicleta fue puesta a disposición de la autoridad competente para su respectiva devolución a su propietario.
El segundo procedimiento se llevó a cabo a las 08:20 de la mañana en la avenida Ferrocarril con calle 21, barrio Estación de Ibagué, donde se logró la recuperación de una motocicleta BWS 125. Este vehículo también tenía una orden de inmovilización por hurto, requerida por la Fiscalía N°13 Local de Armenia, por hechos ocurridos el 22 de marzo de 2023 en el perímetro urbano de esa ciudad.
Cabe resaltar que, en ambos casos, las motocicletas presentaban placas falsas y alteraciones en sus sistemas de identificación. Agregó el Capitán *ñJhon Jairo Peña Ayala Subjefe seccional de tránsito y transporte de la Policía Tolima.
Con estos resultados, la Policía Tolima reafirma su compromiso en la lucha contra el hurto de motocicletas e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea 123 o con la patrulla de policial más cercana.
Policía Nacional “Patrimonio de los Colombianos”.
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Ibagué Clama Justicia: La Trágica Muerte de un Joven Víctima de la Trata y la Guerra
Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co
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Una noticia desgarra el tejido social de Ibagué y enciende todas las alarmas en el país: un joven ibaguereño de tan solo 28 años ha perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, víctima de un engaño brutal. Su historia no es la de un voluntario militar, sino la de una persona atraída por falsas promesas de trabajo en el extranjero, que terminó siendo forzada a la guerra, en lo que las autoridades ya confirman como un desgarrador caso de trata de personas.
La revelación, confirmada por la Secretaría del Interior del Tolima, destapa una cruel red que opera en Colombia, atrayendo a jóvenes con vulnerabilidades económicas hacia un destino fatal. Como ha señalado Ricardo Suárez, secretario del Interior, el joven fue "llevado con falsas expectativas de trabajo y terminó siendo utilizado en el conflicto armado sin ningún tipo de experiencia militar. Prácticamente fue usado como señuelo en combate". Esta descripción cruda pinta un panorama de explotación y deshumanización.
El modus operandi, denunciado por el funcionario, es aterradoramente claro: engaño con ofertas laborales inexistentes, traslado al extranjero, despojo de documentos y coacción para firmar contratos que los vinculan a operaciones bélicas. El joven de Ibagué, que viajó en noviembre, estuvo desaparecido por más de cuatro meses, una cruel antesala a la confirmación de su muerte. Su caso se suma a las advertencias que desde diciembre ya se venían emitiendo sobre estas prácticas, detectadas también en otros países de América Latina.
Este caso no es solo una tragedia individual; es un llamado urgente a la conciencia nacional sobre la persistencia y la evolución de la trata de personas. Este delito transnacional, que la Ley 985 de 2005 en Colombia define y sanciona, implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. La explotación en este contexto, según el relato, se materializa en la utilización de individuos como carne de cañón en un conflicto ajeno, configurando una de las modalidades más extremas de este flagelo. El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 188A, sanciona específicamente la trata de personas con penas privativas de la libertad, las cuales aumentan si la víctima es menor de edad, si se somete a trabajos forzados o si se explota en conflictos armados.
Las autoridades, con la Gobernación del Tolima gestionando la repatriación del cuerpo ante la Cancillería, insisten en la imperiosa necesidad de desconfiar de ofertas laborales internacionales que carezcan de la verificación oficial. La urgencia radica en la protección de nuestros jóvenes, quienes, en su legítima búsqueda de oportunidades, no deben convertirse en presas de redes criminales que los arrojan a la guerra y la muerte.
La sociedad colombiana tiene el deber de reaccionar con contundencia. Este trágico desenlace exige no solo la investigación exhaustiva para desmantelar estas redes de trata y llevar a sus responsables ante la justicia, sino también la implementación de campañas preventivas robustas y accesibles. Es imperativo que cada ciudadano conozca los riesgos y los mecanismos para verificar ofertas, protegiendo así la vida y la dignidad de quienes, en su vulnerabilidad, son el blanco de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha reiterado la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos de este tipo de vulneraciones, tal como se desprende de la protección integral al derecho a la vida y a la integridad personal. El Decreto 1066 de 2015, que compila el sector de la Presidencia de la República, incluye lineamientos para la política pública en materia de trata de personas, exigiendo acciones coordinadas interinstitucionalmente para la prevención, protección y atención de víctimas. Que la memoria de este joven ibaguereño sea un impulso inquebrantable para proteger a todos aquellos que podrían convertirse en la próxima víctima.
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