Video: Momento del rescate de los peregrinos desaparecidos en el Car
men de Apicalá Tolima. Tolima7dias.com.co
Más de 80 personas rescatadas en la peregrinación en Carmen de Apicalá. Peregrinos extraviados por el camino oriundos de diferentes municipios como El Espinal, Melgar y Guamo fueron rescatados durante todo el día gracias a la presencia de la Gobernación del Tolima, la Alcaldía del Carmen de Apicalá, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Radio Aficionados y Policía Nacional
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Por: Oficina de prensa de la Gobernación del Tolima. Tolima7dias.com.co
Durante toda la jornada de este martes, desde las 5:00 de la madrugada, comenzó la búsqueda de los peregrinos reportados como perdidos durante la caminata tradicional que se realiza desde diferentes municipios del Tolima hacia el municipio de Carmen de Apicalá. La búsqueda fue programada en el Puesto de Mando Unificado PMU, organizado desde el pasado lunes en horas de la noche en el municipio de destino.
Con el paso de las horas, pese al calor abrasador, los caminantes fueron encontrados uno a uno y personal de bomberos y la Defensa Civil se adentraron en la montaña para guiar a las personas ubicadas gracias a los sistemas de drones y radios que llevaban los equipos de socorro.
Estos sistemas funcionaron para ubicar las coordenadas de las personas, suministrar víveres, mejorar su estado y facilitar el descenso al PMU instalado.
La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo articuló con la UNGR y la Fuerza Aérea la extracción helicoportada de los caminantes que se encontraban en un estado delicado de salud y en la parte más alta del cerro; fueron aproximadamente 10 personas, entre los que se encontraban menores de edad y adultos mayores.
Más de 76 peregrinos fueron atendidos por los organismos de socorro.
La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Ericka Lozano, quien estuvo presente durante toda la jornada en el territorio, expresó:
"Gracias al valioso apoyo de todos estos organismos de socorro, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a la Gobernación del Tolima, logramos dar un parte de tranquilidad a todos los familiares de las personas que se encontraban en la peregrinación en el municipio del Carmen de Apicalá. De acuerdo al censo levantado, fueron más de 76 personas rescatadas. Muchas gracias a todos”.
Jhon Andrés Morales, coordinador en Gestión del Riesgo de la subregión oriente de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, añadió:
“En total, se logró la ubicación y extracción de más de 78 personas, las cuales también recibieron atención primaria. Dentro de estas 78 personas se encontraban aproximadamente 20 niños y adolescentes. Afortunadamente, no fue necesaria la atención en centro hospitalario de ninguna persona. Agradezco a todas las entidades de socorro y a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo por su coordinación para lograr rescatar hasta la última persona que se encontraba extraviada. Fue una labor titánica que hoy ya damos un cierre sobre las 17 horas con un balance positivo."
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Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co
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Una noticia desgarra el tejido social de Ibagué y enciende todas las alarmas en el país: un joven ibaguereño de tan solo 28 años ha perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, víctima de un engaño brutal. Su historia no es la de un voluntario militar, sino la de una persona atraída por falsas promesas de trabajo en el extranjero, que terminó siendo forzada a la guerra, en lo que las autoridades ya confirman como un desgarrador caso de trata de personas.
La revelación, confirmada por la Secretaría del Interior del Tolima, destapa una cruel red que opera en Colombia, atrayendo a jóvenes con vulnerabilidades económicas hacia un destino fatal. Como ha señalado Ricardo Suárez, secretario del Interior, el joven fue "llevado con falsas expectativas de trabajo y terminó siendo utilizado en el conflicto armado sin ningún tipo de experiencia militar. Prácticamente fue usado como señuelo en combate". Esta descripción cruda pinta un panorama de explotación y deshumanización.
El modus operandi, denunciado por el funcionario, es aterradoramente claro: engaño con ofertas laborales inexistentes, traslado al extranjero, despojo de documentos y coacción para firmar contratos que los vinculan a operaciones bélicas. El joven de Ibagué, que viajó en noviembre, estuvo desaparecido por más de cuatro meses, una cruel antesala a la confirmación de su muerte. Su caso se suma a las advertencias que desde diciembre ya se venían emitiendo sobre estas prácticas, detectadas también en otros países de América Latina.
Este caso no es solo una tragedia individual; es un llamado urgente a la conciencia nacional sobre la persistencia y la evolución de la trata de personas. Este delito transnacional, que la Ley 985 de 2005 en Colombia define y sanciona, implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. La explotación en este contexto, según el relato, se materializa en la utilización de individuos como carne de cañón en un conflicto ajeno, configurando una de las modalidades más extremas de este flagelo. El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 188A, sanciona específicamente la trata de personas con penas privativas de la libertad, las cuales aumentan si la víctima es menor de edad, si se somete a trabajos forzados o si se explota en conflictos armados.
Las autoridades, con la Gobernación del Tolima gestionando la repatriación del cuerpo ante la Cancillería, insisten en la imperiosa necesidad de desconfiar de ofertas laborales internacionales que carezcan de la verificación oficial. La urgencia radica en la protección de nuestros jóvenes, quienes, en su legítima búsqueda de oportunidades, no deben convertirse en presas de redes criminales que los arrojan a la guerra y la muerte.
La sociedad colombiana tiene el deber de reaccionar con contundencia. Este trágico desenlace exige no solo la investigación exhaustiva para desmantelar estas redes de trata y llevar a sus responsables ante la justicia, sino también la implementación de campañas preventivas robustas y accesibles. Es imperativo que cada ciudadano conozca los riesgos y los mecanismos para verificar ofertas, protegiendo así la vida y la dignidad de quienes, en su vulnerabilidad, son el blanco de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha reiterado la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos de este tipo de vulneraciones, tal como se desprende de la protección integral al derecho a la vida y a la integridad personal. El Decreto 1066 de 2015, que compila el sector de la Presidencia de la República, incluye lineamientos para la política pública en materia de trata de personas, exigiendo acciones coordinadas interinstitucionalmente para la prevención, protección y atención de víctimas. Que la memoria de este joven ibaguereño sea un impulso inquebrantable para proteger a todos aquellos que podrían convertirse en la próxima víctima.
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