Alarma en Ibagué por libertad de presunto abusador de menores
Crece la preocupación entre madres y cuidadores en Ibagué tras conocerse la libertad de Luis Gabriel Urrea García, señalado en denuncias ciudadanas como presunto responsable de abusos contra niñas, hechos que, según los reportes, habrían ocurrido en distintos entornos del municipio y que hoy generan temor por posibles riesgos a la seguridad de menores.
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De acuerdo con testimonios recopilados por familiares de las presuntas víctimas, el hombre habría utilizado amenazas e intimidaciones para obligar a las menores a guardar silencio, situación que incrementó la alerta en varios sectores de la ciudad. Las familias aseguran que el temor persiste, especialmente por la cercanía del señalado a zonas residenciales y espacios frecuentados por niñas.
Ante este escenario, padres y cuidadores solicitan medidas urgentes de protección, mayor presencia policial y un seguimiento judicial constante del caso. También reclaman rutas claras y accesibles para la denuncia, así como acompañamiento psicosocial para las menores y sus núcleos familiares.
Las autoridades recordaron que el proceso se rige por el principio de presunción de inocencia, al tiempo que informaron sobre la implementación de controles preventivos y acciones de vigilancia orientadas a reducir posibles riesgos mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.
Desde la comunidad, el llamado es a que las instituciones competentes actúen con celeridad y coordinación, y a que se garantice la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, evitando cualquier forma de revictimización.
Las familias invitan a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier situación que ponga en riesgo a menores y a utilizar los canales oficiales habilitados para la atención y protección infantil.
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Juez ordena arresto a alto funcionario municipal por incumplir tutela
Un juzgado de Ibagué declaró en desacato al secretario de Hacienda municipal, Ángel María Gómez, por incumplir una sentencia de tutela emitida el 25 de agosto de 2025, relacionada con la protección de derechos fundamentales de accionistas afectados por actuaciones administrativas, decisión que derivó en sanciones de arresto domiciliario y multa económica.
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De acuerdo con la providencia judicial, el despacho concluyó que el funcionario incurrió en una conducta omisiva al no atender los requerimientos posteriores al fallo de tutela, pese a las advertencias formales realizadas durante el trámite.
La jueza determinó que el incumplimiento vulneró la eficacia de los mecanismos constitucionales y resolvió imponer sanciones con el objetivo de asegurar el acatamiento de las decisiones judiciales frente a actuaciones de la administración pública local.
Como consecuencia, se ordenó arresto domiciliario por cinco días y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. La medida privativa de la libertad será ejecutada por la Policía Metropolitana de Ibagué una vez la decisión quede en firme, conforme al procedimiento establecido.
El juzgado aclaró que la orden de arresto solo será efectiva tras la confirmación en grado de consulta, requisito exigido por la normativa vigente. En cuanto a la sanción económica, los recursos serán recaudados por el Consejo Superior de la Judicatura y consignados en una cuenta del Banco Agrario.
En su análisis, el despacho advirtió que el desacato a fallos de tutela no solo afecta derechos fundamentales, sino que impacta directamente la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
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