Autoridades aclaran diferencias entre los dos trámites y plazos de cumplimiento
La Dirección de Rentas de Ibagué informó a los contribuyentes que el registro mercantil, que se renueva cada año en la Cámara de Comercio, es un trámite distinto al impuesto de Industria y Comercio (ICA), el cual debe ser declarado y pagado ante el municipio.
“Renovar el registro mercantil ante Cámara de Comercio no significa que se haya pagado el impuesto de Industria y Comercio. Estos son dos trámites totalmente diferentes. La Cámara de Comercio es una entidad privada que acredita a las personas naturales o jurídicas para que ejerzan la actividad mercantil”, señaló Jenny González, directora de Rentas de Ibagué.
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Comunicado a la Opinión Pública
La funcionaria explicó que el ICA es un tributo municipal obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades comerciales, industriales o de servicios dentro del municipio.
De acuerdo con el Estatuto Tributario Municipal, la declaración del ICA debe presentarse anualmente de manera virtual a través de la página web oficial www.ibague.gov.co. El plazo máximo para cumplir con esta obligación es el 31 de marzo.
Respecto al pago, la norma establece que también debe realizarse antes del 31 de marzo, aunque existe la posibilidad de hacerlo en dos cuotas: la primera con la declaración y la segunda hasta el 30 de junio.
El incumplimiento en la presentación dentro del plazo fijado genera sanciones por extemporaneidad. En caso de no pagar, se aplican intereses de mora y pueden iniciarse procesos de cobro coactivo que incluyen medidas como embargos.
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La gobernadora solicitó a la Defensoría del Pueblo medidas urgentes para mandatarios y funcionarios
Durante una reunión con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, pidió este martes una alerta temprana por el riesgo que enfrentan mandatarios locales y funcionarios públicos en las regiones del país, denunciando un presunto abandono institucional y la falta de articulación con el Gobierno Nacional.
Matiz señaló que la falta de medidas concretas ha generado miedo entre alcaldes, gobernadores y funcionarios de la Defensoría del Pueblo que permanecen en zonas vulnerables. “Nosotros nos sentimos solos en el territorio. No sentimos que haya una adecuada articulación con el Gobierno Nacional para poder defendernos en tema de seguridad”, afirmó.
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Comunicado a la Opinión Pública
La gobernadora criticó la respuesta del Estado, que, según ella, se limita a recomendar que los funcionarios no se desplacen a sus territorios. “La medida que nos dan es: pues no salgan al territorio, quédense en la capital. Cuando no es el deber ser del gobierno departamental ni de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo”, dijo.
Según Matiz, Colombia atraviesa un retroceso de dos décadas en materia de seguridad, donde los mandatarios regionales no pueden ejercer sus funciones por temor a atentados. “Gobernar no puede convertirse en una sentencia de muerte para los funcionarios públicos del Estado colombiano”, agregó.
Finalmente, la mandataria solicitó a la Defensoría del Pueblo emitir una alerta temprana que visibilice los riesgos y motive al Gobierno Nacional a adoptar medidas efectivas. “Queremos pedirte, señora Defensora, que nos acompañes en esta lucha que estamos dando en el territorio, y que esa alerta se emita directamente por la Defensoría del Pueblo para que el Gobierno Nacional tome las medidas pertinentes”, concluyó.
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