Capital semilla impulsa a 17 empresarios del sistema moda en el Tolima
Diecisiete empresarios del sistema moda en el Tolima recibieron capital semilla en forma de materias primas e insumos durante la Feria Ibagué, Negocios y Moda 2025, como parte de un programa de fortalecimiento empresarial desarrollado por la Gobernación del Tolima, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Cormoda.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
La entrega se realizó en el marco del evento ferial y estuvo dirigida a unidades productivas de los sectores de bisutería, textil y calzado. El capital entregado no fue monetario, sino representado en insumos estratégicos para la operación de los negocios, tras un proceso previo de formación técnica y empresarial.
Según la Secretaría de Desarrollo Económico del Tolima, el programa incluyó capacitaciones especializadas orientadas a mejorar procesos productivos, innovación y sostenibilidad comercial. La iniciativa buscó preparar a los participantes para enfrentar condiciones de mercado más competitivas.
“Hoy son 17 empresarios beneficiados con capital semilla que les permitirá continuar sus procesos productivos y comerciales”, afirmó Yolanda Nasayo Bravo, secretaria de Desarrollo Económico del Tolima, al referirse al alcance del programa durante la feria.
Desde el sector beneficiado, María José Pérez, creadora de la marca María José Joyas y Accesorios, señaló que el proceso permitió acceder a formación y recursos clave para fortalecer su emprendimiento. “Este tipo de iniciativas nos brinda herramientas que impactan directamente el crecimiento de nuestras marcas”, indicó.
La edición 2025 de la Feria Ibagué, Negocios y Moda contó con una inversión de $1.000 millones y dejó como resultado más de $13.886 millones en negocios proyectados, 762 citas comerciales y una asistencia cercana a 15.000 visitantes. Además, participaron 94 stands de marcas de vestuario, calzado, joyería y accesorios, con ventas al detal que superaron los $235 millones.
De acuerdo con la información oficial, para 2026 se prevé una nueva edición del evento, con la incorporación de herramientas adicionales de fortalecimiento empresarial y una experiencia internacional de benchmarking en España para los participantes del programa, orientada a ampliar su proyección en mercados externos.
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Ibagué Clama Justicia: La Trágica Muerte de un Joven Víctima de la Trata y la Guerra
Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co
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Una noticia desgarra el tejido social de Ibagué y enciende todas las alarmas en el país: un joven ibaguereño de tan solo 28 años ha perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, víctima de un engaño brutal. Su historia no es la de un voluntario militar, sino la de una persona atraída por falsas promesas de trabajo en el extranjero, que terminó siendo forzada a la guerra, en lo que las autoridades ya confirman como un desgarrador caso de trata de personas.
La revelación, confirmada por la Secretaría del Interior del Tolima, destapa una cruel red que opera en Colombia, atrayendo a jóvenes con vulnerabilidades económicas hacia un destino fatal. Como ha señalado Ricardo Suárez, secretario del Interior, el joven fue "llevado con falsas expectativas de trabajo y terminó siendo utilizado en el conflicto armado sin ningún tipo de experiencia militar. Prácticamente fue usado como señuelo en combate". Esta descripción cruda pinta un panorama de explotación y deshumanización.
El modus operandi, denunciado por el funcionario, es aterradoramente claro: engaño con ofertas laborales inexistentes, traslado al extranjero, despojo de documentos y coacción para firmar contratos que los vinculan a operaciones bélicas. El joven de Ibagué, que viajó en noviembre, estuvo desaparecido por más de cuatro meses, una cruel antesala a la confirmación de su muerte. Su caso se suma a las advertencias que desde diciembre ya se venían emitiendo sobre estas prácticas, detectadas también en otros países de América Latina.
Este caso no es solo una tragedia individual; es un llamado urgente a la conciencia nacional sobre la persistencia y la evolución de la trata de personas. Este delito transnacional, que la Ley 985 de 2005 en Colombia define y sanciona, implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. La explotación en este contexto, según el relato, se materializa en la utilización de individuos como carne de cañón en un conflicto ajeno, configurando una de las modalidades más extremas de este flagelo. El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 188A, sanciona específicamente la trata de personas con penas privativas de la libertad, las cuales aumentan si la víctima es menor de edad, si se somete a trabajos forzados o si se explota en conflictos armados.
Las autoridades, con la Gobernación del Tolima gestionando la repatriación del cuerpo ante la Cancillería, insisten en la imperiosa necesidad de desconfiar de ofertas laborales internacionales que carezcan de la verificación oficial. La urgencia radica en la protección de nuestros jóvenes, quienes, en su legítima búsqueda de oportunidades, no deben convertirse en presas de redes criminales que los arrojan a la guerra y la muerte.
La sociedad colombiana tiene el deber de reaccionar con contundencia. Este trágico desenlace exige no solo la investigación exhaustiva para desmantelar estas redes de trata y llevar a sus responsables ante la justicia, sino también la implementación de campañas preventivas robustas y accesibles. Es imperativo que cada ciudadano conozca los riesgos y los mecanismos para verificar ofertas, protegiendo así la vida y la dignidad de quienes, en su vulnerabilidad, son el blanco de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha reiterado la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos de este tipo de vulneraciones, tal como se desprende de la protección integral al derecho a la vida y a la integridad personal. El Decreto 1066 de 2015, que compila el sector de la Presidencia de la República, incluye lineamientos para la política pública en materia de trata de personas, exigiendo acciones coordinadas interinstitucionalmente para la prevención, protección y atención de víctimas. Que la memoria de este joven ibaguereño sea un impulso inquebrantable para proteger a todos aquellos que podrían convertirse en la próxima víctima.
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