El turismo que está acabando con el municipio de Murillo Tolima
La empresaria oriunda de Murillo Tolima Maria Carolina Moreno, hizo una dura advertencia a través de su cuenta de Facebook sobre cómo personas que han llegado últimamente a esa localidad del norte del Tolima, para aprovechar el turismo que se ha disparado gracias a la vía que comunica con Manizales, pasando por el parque de los nevados. Lo han hecho sin importar conservar las tradiciones de la y la tranquilidad del municipio.
Aqui todo lo que dijo la denunciante de lo que esta pasando e la el norte del Tolima.
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Por: Editor Región y Resumen de Noticias. Tolima7dia.com.co
Denuncia de Maria Carolina Moreno:
Hoy no habla la empresaria que ha creído fehacientemente en el progreso turístico y ecoturístico de Murillo. Hoy habla oriunda e hija de está región. Los hechos ocurridos entre el 29 de marzo y la madrugada del 30 de marzo en el municipio de Murillo Tolima, son preocupantes pues impactan directamente la realidad de un lugar que se ha distinguido por ser para el descanso y para apreciar la naturaleza.
Por más de 100 años mi familia ha creído en este municipio y ha confiado su legado en él. La red amigable de turismo de Murillo ha buscado en todos los ámbitos que Murillo se posicione a nivel nacional e internacional como un lugar para el descanso, el ecoturismo, el turismo de montaña y de naturaleza.
Sin duda personas foráneas a nuestro territorio han llegado buscando lucrarse del progreso turístico de nuestro pueblo, con un desconocimiento total de la realidad, la paz y la tranquilidad de los lugareños. Además, las gestiones locales desconocen leyes tales como la "Ley 2450 de 4 de marzo de 2025, sancionada por el Gobierno, que busca reducir la contaminación acústica y mejorar la calidad de vida, estableciendo lineamientos y responsabilidades para autoridades locales y nacionales y de los ciudadanos, para
Reducir la contaminación acústica y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".
Es por esto que hoy, levantó la voz para que la gestión turística del municipio revise que está pasando con establecimientos comerciales y turísticos, que por desconocimiento de la legislación y los mandatos constitucionales atenta directamente por la vida de lugareños y personas que vienen a buscar a Murillo un momento de conexión con la naturaleza. Se ha debatido muchas veces en la red turística de Murillo, el tipo de experiencias que se ofrecen a los visitantes, por eso se han tomado ejemplos de aquello que no se quiere para el pueblo, entre estos ejemplos cercanos la realidad de Salento, Quindío y un poco más lejos, pero un municipio del Departamento Melgar (turismo de rumba).
Hemos tenido muchos obstáculos en los últimos 5 años como gremio, el Covid19, la alerta naranja del nevado de Ruiz, los cierres de los termales de la Cabaña y el Sifón, el pico y placa ambiental implementado a la vía de Murillo a Manizales, que nos han afectado claramente a todos. Sin embargo, esto en vez de llevarnos a tomar medidas individuales y poco beneficiosas al gremio y a Murillo, nos deben unir y contribuir a buscar mecanismos y herramientas para crecer en pro de una región y no para llenar los bolsillos de unos pocos. Lugares como el @hostalelranchodejota debe adecuarse a Murillo y revisar los lineamientos que se han tomado en el gremio municipal.
Pues ocupar la vía nacional hacia el Líbano con fogata, altos niveles de música en la calle y personas en la vía hasta altas horas de la madruga, atentan con la paz de lugareños y foráneos, que buscamos descanso y contemplación de la naturaleza que nos ofrece este hermoso lugar. Hago un llamado a las autoridades para proveer acciones y correcciones que permitan a Murillo su crecimiento y desarrollo, no su desidia y decadencia. Maria Carolina Moreno
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Ibagué Clama Justicia: La Trágica Muerte de un Joven Víctima de la Trata y la Guerra
Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co
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Una noticia desgarra el tejido social de Ibagué y enciende todas las alarmas en el país: un joven ibaguereño de tan solo 28 años ha perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, víctima de un engaño brutal. Su historia no es la de un voluntario militar, sino la de una persona atraída por falsas promesas de trabajo en el extranjero, que terminó siendo forzada a la guerra, en lo que las autoridades ya confirman como un desgarrador caso de trata de personas.
La revelación, confirmada por la Secretaría del Interior del Tolima, destapa una cruel red que opera en Colombia, atrayendo a jóvenes con vulnerabilidades económicas hacia un destino fatal. Como ha señalado Ricardo Suárez, secretario del Interior, el joven fue "llevado con falsas expectativas de trabajo y terminó siendo utilizado en el conflicto armado sin ningún tipo de experiencia militar. Prácticamente fue usado como señuelo en combate". Esta descripción cruda pinta un panorama de explotación y deshumanización.
El modus operandi, denunciado por el funcionario, es aterradoramente claro: engaño con ofertas laborales inexistentes, traslado al extranjero, despojo de documentos y coacción para firmar contratos que los vinculan a operaciones bélicas. El joven de Ibagué, que viajó en noviembre, estuvo desaparecido por más de cuatro meses, una cruel antesala a la confirmación de su muerte. Su caso se suma a las advertencias que desde diciembre ya se venían emitiendo sobre estas prácticas, detectadas también en otros países de América Latina.
Este caso no es solo una tragedia individual; es un llamado urgente a la conciencia nacional sobre la persistencia y la evolución de la trata de personas. Este delito transnacional, que la Ley 985 de 2005 en Colombia define y sanciona, implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. La explotación en este contexto, según el relato, se materializa en la utilización de individuos como carne de cañón en un conflicto ajeno, configurando una de las modalidades más extremas de este flagelo. El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 188A, sanciona específicamente la trata de personas con penas privativas de la libertad, las cuales aumentan si la víctima es menor de edad, si se somete a trabajos forzados o si se explota en conflictos armados.
Las autoridades, con la Gobernación del Tolima gestionando la repatriación del cuerpo ante la Cancillería, insisten en la imperiosa necesidad de desconfiar de ofertas laborales internacionales que carezcan de la verificación oficial. La urgencia radica en la protección de nuestros jóvenes, quienes, en su legítima búsqueda de oportunidades, no deben convertirse en presas de redes criminales que los arrojan a la guerra y la muerte.
La sociedad colombiana tiene el deber de reaccionar con contundencia. Este trágico desenlace exige no solo la investigación exhaustiva para desmantelar estas redes de trata y llevar a sus responsables ante la justicia, sino también la implementación de campañas preventivas robustas y accesibles. Es imperativo que cada ciudadano conozca los riesgos y los mecanismos para verificar ofertas, protegiendo así la vida y la dignidad de quienes, en su vulnerabilidad, son el blanco de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha reiterado la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos de este tipo de vulneraciones, tal como se desprende de la protección integral al derecho a la vida y a la integridad personal. El Decreto 1066 de 2015, que compila el sector de la Presidencia de la República, incluye lineamientos para la política pública en materia de trata de personas, exigiendo acciones coordinadas interinstitucionalmente para la prevención, protección y atención de víctimas. Que la memoria de este joven ibaguereño sea un impulso inquebrantable para proteger a todos aquellos que podrían convertirse en la próxima víctima.
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