La Gobernación del Tolima adjudicó una licitación por más de $14.000 millones para intervenir la vía que conecta a Melgar con Carmen de Apicalá, un corredor clave del Oriente tolimense, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad vial y el flujo turístico en la zona.
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De acuerdo con la información oficial, el proyecto contempla una inversión total de $14.052.060.096. De este monto, $12.793.090.000 corresponden a la ejecución de la obra, adjudicada al Consorcio Vial Carmel 025, mientras que la interventoría estará a cargo de Infracon Tolima, con un valor de $1.258.970.096.
Las intervenciones previstas incluyen la pavimentación de cerca de cuatro kilómetros de vía, la ejecución de obras de protección y trabajos en tres puentes ubicados a lo largo del trazado. Estas acciones buscan atender puntos críticos del corredor, utilizado de forma constante por residentes, transportadores y visitantes.
El plazo de ejecución será de seis meses, contados a partir de la legalización de los contratos. Durante este periodo se desarrollarán las actividades necesarias para habilitar nuevamente la vía en mejores condiciones de tránsito y seguridad.
La vía Melgar–Carmen de Apicalá es considerada un eje relevante para la movilidad regional, especialmente en temporadas de alta afluencia turística, por lo que la intervención tendrá impacto directo en el transporte y la dinámica económica del sector.
Las autoridades departamentales indicaron que el avance del proyecto será objeto de seguimiento conforme a los plazos y alcances establecidos en los contratos adjudicados.
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Durante un pronunciamiento público reciente, el funcionario Alexánder Castro expuso una serie de mensajes publicados en redes sociales que contenían expresiones ofensivas, agresivas y de carácter misógino dirigidas contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y solicitó la intervención de los organismos de control para investigar el origen de estos ataques.
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Según explicó Castro, los comentarios fueron escritos desde diferentes perfiles digitales y contienen lenguaje que, a su juicio, configura violencia política, verbal y de género. Durante su intervención, el funcionario leyó varios de estos mensajes de manera textual para evidenciar el tono y la gravedad de los ataques que circulan en plataformas digitales.
El funcionario señaló que este tipo de publicaciones no corresponderían a expresiones aisladas de ciudadanos, sino a una posible estrategia organizada para desacreditar la gestión y la figura pública de la mandataria departamental. En ese contexto, afirmó que existirían estructuras digitales dedicadas a amplificar mensajes de desprestigio.
“Esto no puede normalizarse. Se requiere una investigación que permita establecer responsabilidades y determinar si detrás de estos ataques hay una operación coordinada”, manifestó Castro, al tiempo que pidió la actuación de las autoridades competentes.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la apertura de investigaciones formales relacionadas con estos hechos, ni se ha confirmado el origen de los perfiles desde los cuales se publicaron los mensajes.
Las denuncias se producen en medio de un debate creciente sobre el uso de redes sociales como herramienta de presión, ataque político y difusión de discursos de odio, un fenómeno que continúa generando alertas en distintos sectores del país.
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