A nueve meses de la realización del 53° Festival Folclórico Colombiano, Ibagué dio a conocer la imagen que identificará la edición de 2027, una presentación realizada de manera anticipada por la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima con el propósito de iniciar desde ahora la promoción del evento y la organización de varios de sus procesos previos.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
La pieza fue escogida entre 13 proyectos que participaron en la segunda fase del Portafolio Municipal de Estímulos Artísticos y Culturales 2026. La propuesta seleccionada pertenece al diseñador tolimense Juan Camilo Rivas, conocido como ‘Juan Pollo’, integrante del colectivo ‘Somos Creativos’, quien recibirá un estímulo económico de $10 millones.
La elección marca un cambio frente a anteriores ediciones del festival, pues, según la información entregada durante el lanzamiento, es la primera vez que la imagen oficial es definida con nueve meses de anticipación.
La propuesta gráfica pone a la mujer en el centro de la composición bajo el concepto de Embajadora del Folclor. La figura aparece acompañada de un tocado que reúne elementos relacionados con la música, la gastronomía, la naturaleza y diferentes símbolos de la cultura popular colombiana.
Rivas explicó que su intención fue apartarse de algunas representaciones tradicionales asociadas a las reinas del folclor y plantear una figura con un lenguaje visual contemporáneo.
“Quise alejarme de la imagen tradicional y solemne de la reina para crear una mujer joven, contemporánea y colorida que conecte con las nuevas generaciones. El tocado no es un adorno, es un territorio cultural. En la cabeza quise meter todo lo que somos. Es un homenaje a nuestras mujeres, que son las que realmente guardan y transmiten nuestro folclor”, señaló el diseñador, ganador de la Beca de Creación para la Imagen Oficial.
La definición anticipada de la identidad gráfica permitirá iniciar la promoción nacional e internacional del Festival Folclórico Colombiano de 2027 y avanzar en la planeación de la elección de las Embajadoras Municipales del Folclor en comunas y corregimientos de Ibagué.
Con la presentación de esta imagen comienza el calendario previo de actividades relacionadas con la edición número 53 del festival, cuya programación continuará definiéndose durante los próximos meses.
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La investigación por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) llegó al patrimonio de varios de los señalados en el proceso. La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 25 activos, entre inmuebles y sociedades, cuyo valor preliminar ronda los $20.000 millones.
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La decisión cobija 19 inmuebles y seis sociedades que, de acuerdo con el ente investigador, estarían relacionados con los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez; el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez; el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas; el contratista Luis Eduardo López Rosero, y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
Los activos están ubicados o registrados en Bogotá y en diferentes municipios de Antioquia, Córdoba, Nariño, Cundinamarca, Norte de Santander, Meta, Santander y Atlántico. Entre las ciudades y municipios mencionados en las diligencias aparecen Medellín, Montería, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio, Sabana de Torres y Juan de Acosta.
La actuación hace parte de una línea patrimonial abierta dentro del caso UNGRD para establecer el origen, movimiento y propiedad de bienes relacionados con personas investigadas por el presunto direccionamiento de contratos y la desviación de recursos que estaban destinados a obras de mitigación y atención de emergencias.
Los bienes relacionados con cada investigado
Según la información conocida, cuatro de los activos afectados estarían vinculados al exsenador Iván Name Vásquez y se encuentran en Bogotá, Juan de Acosta, Villavicencio y Sopó. En uno de esos bienes, la medida únicamente cobija el 33 % de la propiedad que le correspondería.
En el caso del expresidente de la Cámara Andrés Calle Aguas, las autoridades identificaron cuatro inmuebles ubicados en Montería que harían parte de su patrimonio.
También fue objeto de la medida un inmueble en Medellín que, según la investigación, pertenecería al exdirector de la UNGRD Olmedo López; otro en Sabana de Torres estaría relacionado con Sneyder Pinilla, mientras que un predio localizado en Tabio estaría vinculado al exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
La investigación patrimonial también puso la atención sobre siete activos localizados en Pasto, Chachagüí y Cúcuta que tendrían relación con el contratista Luis Eduardo López Rosero.
Entre estos figuran sociedades que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, habrían sido utilizadas dentro de operaciones relacionadas con la obtención de contratos de la UNGRD y el movimiento de los recursos recibidos. Esta circunstancia hace parte de las indagaciones y deberá ser determinada dentro de los procedimientos judiciales correspondientes.
Embargos, secuestros y toma de posesión
Las diligencias son ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, y contemplan suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios.
En términos prácticos, estas medidas buscan impedir temporalmente que los activos sean vendidos, transferidos o utilizados para realizar determinadas operaciones mientras avanza el procedimiento de extinción de dominio.
La afectación patrimonial no significa por sí sola que todos los bienes hayan sido extinguidos definitivamente ni constituye una declaración automática de responsabilidad penal sobre sus titulares. Las medidas son de carácter cautelar y forman parte de un proceso en el que deberá establecerse judicialmente el origen y la relación de cada activo con los hechos investigados.
El procedimiento se desarrolla de manera paralela a las actuaciones penales derivadas del caso UNGRD, uno de cuyos ejes de investigación es el presunto direccionamiento de contratación pública y el manejo irregular de recursos destinados a la atención de emergencias en el país.
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