En un puesto de control en la capital del Tolima se entregaron más de 150 chalecos reflectivos a motociclistas que no contaban con este elemento de seguridad vial. La actividad estuvo dirigida a reforzar la prevención de accidentes y a recordar la obligatoriedad de portar estas prendas en horarios nocturnos o de poca visibilidad.
De acuerdo con la normativa vigente, el uso de la prenda reflectiva es obligatorio entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana. Su incumplimiento puede generar un comparendo equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, tanto para conductores como para acompañantes.
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Comunicado a la Opinión Pública
En lo que va del año, se han registrado 53 muertes en las vías de Ibagué, cifra que ha motivado campañas pedagógicas orientadas a reducir la siniestralidad.
Algunos motociclistas que recibieron los chalecos destacaron la importancia de estas acciones. “El motociclista es el más perjudicado en los accidentes y nuestras familias nos esperan en casa”, señaló Juan Felipe Valencia, uno de los conductores participantes.
El uso de implementos reflectivos busca mejorar la visibilidad de los motociclistas y contribuir a la seguridad vial en la ciudad.
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Un juez de conocimiento condenó a Marlon Mauricio Solano Colmenares, topógrafo, a 38 meses de prisión y 52 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos, por ofrecer dinero a servidores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en Tolima para gestionar trámites catastrales de manera irregular.
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que evidenciaron que, entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, Solano Colmenares, como parte del grupo denominado Los del Instituto, ofreció dinero a tres funcionarios del IGAC para la gestión irregular de trámites sobre predios en Líbano y el desenglobe de otro.
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El condenado fue declarado responsable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. La investigación fue adelantada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, y permitió judicializar a Solano Colmenares junto a 24 personas más en diciembre de 2021, tras detectar irregularidades como detención de peticiones de usuarios, direccionamiento de trámites y gestión fraudulenta de licencias ambientales.
Hasta la fecha, nueve personas involucradas en estos hechos han sido condenadas mediante preacuerdo. La sentencia contra Solano Colmenares quedó en firme.
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