Más de $2.098 millones impulsarán a 15 organizaciones de mujeres cafeteras y cacaoteras del Sur del Tolima
En el sur del departamento, donde el café y el cacao no solo son cultivos sino proyectos de vida, hoy se dio un paso decisivo hacia la autonomía económica de las mujeres rurales del Tolima.
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Por: Oficina de prensa de la Secretaría de la Mujer del Tolima. Tolima7dias.com.co
En un acto cargado de simbolismo y esperanza, la Secretaría de la Mujer del Tolima, en articulación con la Agencia de Renovación del Territorio, la Gobernación del Tolima y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), realizó la entrega de un cheque simbólico por $2.098.120.763 destinados al fortalecimiento de los procesos de comercialización de café y cacao.
El recurso impactará directamente a 15 organizaciones lideradas por mujeres en los municipios de Planadas, Rioblanco, Ataco y Chaparral, territorios históricamente golpeados por el conflicto armado, pero también reconocidos por la resiliencia y el liderazgo de sus comunidades.
“La prioridad para nosotros ha sido el beneficio de la mujer víctima del conflicto armado, que sacrificó la vida de sus seres queridos", aseguró Augusto Arias, director regional de la ART, resaltando que estos recursos buscan saldar deudas históricas con quienes han sostenido el campo en medio de la adversidad.
Más que una cifra, la inversión representa oportunidades concretas: mejores canales de comercialización, fortalecimiento asociativo, acceso a nuevos mercados y mayores ingresos para mujeres que han decidido transformar sus realidades desde el campo.
Este es el caso de Leonerisel Villamil, líder social de Gaitania, en Planadas, y presidenta de la asociación Asovoviga, quien destacó el papel fundamental de las mujeres en los proyectos productivos. “Es una reivindicación para toda la mujer rural, para esa mujer campesina, para esas asociaciones organizadas”, afirmó, con la convicción de quien ha visto crecer su proceso desde la unión y el trabajo colectivo.
Por su parte, Martha Sánchez, directora de Empoderamiento de la Secretaría de la Mujer del Tolima, puntualizó: “Le estamos apostando no solo a los procesos asociativos, sino también a la comercialización, estando más cerca de nuestras mujeres y buscando que encuentren la verdadera ruta del emprendimiento, la innovación y el conocimiento".
En total, 485 mujeres continuarán consolidando su autonomía económica, uno de los propósitos centrales del gobierno departamental. Porque cuando se invierte en las mujeres rurales, no solo se fortalecen sus emprendimientos: se dinamiza la economía local, se consolidan procesos comunitarios y se siembra futuro para todo el Tolima.
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Ibagué Clama Justicia: La Trágica Muerte de un Joven Víctima de la Trata y la Guerra
Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co
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Una noticia desgarra el tejido social de Ibagué y enciende todas las alarmas en el país: un joven ibaguereño de tan solo 28 años ha perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, víctima de un engaño brutal. Su historia no es la de un voluntario militar, sino la de una persona atraída por falsas promesas de trabajo en el extranjero, que terminó siendo forzada a la guerra, en lo que las autoridades ya confirman como un desgarrador caso de trata de personas.
La revelación, confirmada por la Secretaría del Interior del Tolima, destapa una cruel red que opera en Colombia, atrayendo a jóvenes con vulnerabilidades económicas hacia un destino fatal. Como ha señalado Ricardo Suárez, secretario del Interior, el joven fue "llevado con falsas expectativas de trabajo y terminó siendo utilizado en el conflicto armado sin ningún tipo de experiencia militar. Prácticamente fue usado como señuelo en combate". Esta descripción cruda pinta un panorama de explotación y deshumanización.
El modus operandi, denunciado por el funcionario, es aterradoramente claro: engaño con ofertas laborales inexistentes, traslado al extranjero, despojo de documentos y coacción para firmar contratos que los vinculan a operaciones bélicas. El joven de Ibagué, que viajó en noviembre, estuvo desaparecido por más de cuatro meses, una cruel antesala a la confirmación de su muerte. Su caso se suma a las advertencias que desde diciembre ya se venían emitiendo sobre estas prácticas, detectadas también en otros países de América Latina.
Este caso no es solo una tragedia individual; es un llamado urgente a la conciencia nacional sobre la persistencia y la evolución de la trata de personas. Este delito transnacional, que la Ley 985 de 2005 en Colombia define y sanciona, implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. La explotación en este contexto, según el relato, se materializa en la utilización de individuos como carne de cañón en un conflicto ajeno, configurando una de las modalidades más extremas de este flagelo. El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 188A, sanciona específicamente la trata de personas con penas privativas de la libertad, las cuales aumentan si la víctima es menor de edad, si se somete a trabajos forzados o si se explota en conflictos armados.
Las autoridades, con la Gobernación del Tolima gestionando la repatriación del cuerpo ante la Cancillería, insisten en la imperiosa necesidad de desconfiar de ofertas laborales internacionales que carezcan de la verificación oficial. La urgencia radica en la protección de nuestros jóvenes, quienes, en su legítima búsqueda de oportunidades, no deben convertirse en presas de redes criminales que los arrojan a la guerra y la muerte.
La sociedad colombiana tiene el deber de reaccionar con contundencia. Este trágico desenlace exige no solo la investigación exhaustiva para desmantelar estas redes de trata y llevar a sus responsables ante la justicia, sino también la implementación de campañas preventivas robustas y accesibles. Es imperativo que cada ciudadano conozca los riesgos y los mecanismos para verificar ofertas, protegiendo así la vida y la dignidad de quienes, en su vulnerabilidad, son el blanco de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha reiterado la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos de este tipo de vulneraciones, tal como se desprende de la protección integral al derecho a la vida y a la integridad personal. El Decreto 1066 de 2015, que compila el sector de la Presidencia de la República, incluye lineamientos para la política pública en materia de trata de personas, exigiendo acciones coordinadas interinstitucionalmente para la prevención, protección y atención de víctimas. Que la memoria de este joven ibaguereño sea un impulso inquebrantable para proteger a todos aquellos que podrían convertirse en la próxima víctima.
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