Reactivan construcción del colegio Joaquín París tras años de retraso
La construcción de la nueva sede de la institución educativa Joaquín París, ubicada en la comuna 3 de Ibagué, fue reactivada luego de permanecer inconclusa. El proyecto registra actualmente un avance del 86 % y será terminado por la empresa constructora Garco, según se informó a la comunidad durante una mesa pública en la que también participaron organismos de control.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
La obra hace parte de un proyecto de infraestructura educativa financiado con recursos del Ministerio de Educación y aportes locales. La nueva fase contempla la finalización de espacios académicos y áreas de apoyo que aún no han sido entregadas a la comunidad educativa.
De acuerdo con el cronograma presentado por la empresa encargada, los trabajos que restan buscan habilitar la fase 2 del colegio. Esta etapa incluye la construcción de 18 aulas para bachillerato, un aula de preescolar, talleres, laboratorios, comedor y cocina. También se ejecutarán intervenciones en la infraestructura existente, entre ellas el manejo de redes de aguas lluvias y la reposición de la placa de las canchas deportivas.
“Durante los próximos meses, hasta octubre aproximadamente, vamos a realizar las obras que pondrán en funcionamiento la fase 2 del colegio Joaquín París que se compone de 18 aulas de bachillerato, un aula de preescolar, zona de talleres, laboratorios, comedor y cocina. Así como los mejoramientos de la infraestructura existente, tales como manejo de redes de aguas lluvias, reposición de la placa de canchas, entre otros”, explicó el ingeniero Diego Dueñas, director de obra de la Constructora Garco.
Mientras avanzan los trabajos, se habilitaron siete aulas provisionales dentro del plantel para evitar la suspensión de clases presenciales durante el proceso de construcción. Estos espacios temporales fueron instalados en el área donde funcionará el futuro comedor de la institución.
Habitantes del sector señalaron que esperan que las obras se ejecuten dentro de los tiempos previstos y permitan poner en funcionamiento la infraestructura educativa pendiente. Según lo informado, los trabajos tendrían como fecha estimada de finalización el mes de octubre.
Tolima7dias.com.co Sabe lo que dice.
Ibagué Clama Justicia: La Trágica Muerte de un Joven Víctima de la Trata y la Guerra
Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co
Advertencia: los comentarios escritos a continuación son responsabilidad única y exclusiva de su autor, y en nada compromete a este medio de comunicación digital.
Una noticia desgarra el tejido social de Ibagué y enciende todas las alarmas en el país: un joven ibaguereño de tan solo 28 años ha perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, víctima de un engaño brutal. Su historia no es la de un voluntario militar, sino la de una persona atraída por falsas promesas de trabajo en el extranjero, que terminó siendo forzada a la guerra, en lo que las autoridades ya confirman como un desgarrador caso de trata de personas.
La revelación, confirmada por la Secretaría del Interior del Tolima, destapa una cruel red que opera en Colombia, atrayendo a jóvenes con vulnerabilidades económicas hacia un destino fatal. Como ha señalado Ricardo Suárez, secretario del Interior, el joven fue "llevado con falsas expectativas de trabajo y terminó siendo utilizado en el conflicto armado sin ningún tipo de experiencia militar. Prácticamente fue usado como señuelo en combate". Esta descripción cruda pinta un panorama de explotación y deshumanización.
El modus operandi, denunciado por el funcionario, es aterradoramente claro: engaño con ofertas laborales inexistentes, traslado al extranjero, despojo de documentos y coacción para firmar contratos que los vinculan a operaciones bélicas. El joven de Ibagué, que viajó en noviembre, estuvo desaparecido por más de cuatro meses, una cruel antesala a la confirmación de su muerte. Su caso se suma a las advertencias que desde diciembre ya se venían emitiendo sobre estas prácticas, detectadas también en otros países de América Latina.
Este caso no es solo una tragedia individual; es un llamado urgente a la conciencia nacional sobre la persistencia y la evolución de la trata de personas. Este delito transnacional, que la Ley 985 de 2005 en Colombia define y sanciona, implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. La explotación en este contexto, según el relato, se materializa en la utilización de individuos como carne de cañón en un conflicto ajeno, configurando una de las modalidades más extremas de este flagelo. El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 188A, sanciona específicamente la trata de personas con penas privativas de la libertad, las cuales aumentan si la víctima es menor de edad, si se somete a trabajos forzados o si se explota en conflictos armados.
Las autoridades, con la Gobernación del Tolima gestionando la repatriación del cuerpo ante la Cancillería, insisten en la imperiosa necesidad de desconfiar de ofertas laborales internacionales que carezcan de la verificación oficial. La urgencia radica en la protección de nuestros jóvenes, quienes, en su legítima búsqueda de oportunidades, no deben convertirse en presas de redes criminales que los arrojan a la guerra y la muerte.
La sociedad colombiana tiene el deber de reaccionar con contundencia. Este trágico desenlace exige no solo la investigación exhaustiva para desmantelar estas redes de trata y llevar a sus responsables ante la justicia, sino también la implementación de campañas preventivas robustas y accesibles. Es imperativo que cada ciudadano conozca los riesgos y los mecanismos para verificar ofertas, protegiendo así la vida y la dignidad de quienes, en su vulnerabilidad, son el blanco de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha reiterado la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos de este tipo de vulneraciones, tal como se desprende de la protección integral al derecho a la vida y a la integridad personal. El Decreto 1066 de 2015, que compila el sector de la Presidencia de la República, incluye lineamientos para la política pública en materia de trata de personas, exigiendo acciones coordinadas interinstitucionalmente para la prevención, protección y atención de víctimas. Que la memoria de este joven ibaguereño sea un impulso inquebrantable para proteger a todos aquellos que podrían convertirse en la próxima víctima.
Tolima7dias.com.co Sabe lo que dice