La comunidad indígena Emberá Katío del resguardo Irakal, proveniente de Bagadó (Chocó), se encuentra en proceso de reubicación temporal en el Centro de Atención Municipal (CAM) del barrio La Pola en Ibagué. Hasta el momento, 46 personas de 17 familias han regresado a Bagadó, mientras 15 familias permanecen a la espera de traslado.
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Durante la reubicación, la comunidad ha recibido apoyo humanitario, que incluye kits de alimentos, elementos de aseo personal, utensilios de cocina, materiales de construcción, sábanas y colchonetas. Además, se ha coordinado transporte y alimentación para el cobro de apoyos económicos en Santa Cecilia.
El traslado temporal se realiza mientras la Unidad de Víctimas Nacional finaliza los trámites necesarios para el retorno seguro de las familias que permanecen en Ibagué.
Las familias restantes continuarán en reubicación temporal hasta que los procedimientos de retorno se completen.
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Las autoridades de tránsito en Colombia quedaron facultadas para imponer multas de hasta $1.208.000 a motociclistas que generen niveles excesivos de ruido o alteren la convivencia ciudadana, tras la entrada en vigencia de la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley Antirruido._
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La normativa, de alcance nacional, permite sancionar a propietarios de motocicletas que circulen con sistemas de escape modificados, alterados o sin silenciador original, una práctica que, según el texto legal, incrementa la contaminación auditiva en zonas urbanas y residenciales. La ley comenzó a aplicarse en todo el país desde este año y no distingue entre tipos de vía o ciudad.
Uno de los cambios más relevantes es que las sanciones no dependen exclusivamente de una medición técnica. Los agentes de tránsito podrán imponer comparendos cuando los decibeles superen los límites establecidos mediante sonómetro, pero también cuando se presenten conductas que alteren el descanso o la tranquilidad, incluso sin medición, siempre que exista evidencia de afectación en la comunidad, especialmente en sectores residenciales.
La Ley 2450 de 2025 establece que el ruido vehicular no solo será tratado como una falta técnica, sino también como un factor de impacto directo sobre la convivencia ciudadana, lo que amplía el margen de actuación de las autoridades en operativos y controles.
Especialistas en movilidad han advertido que esta normativa cambia el escenario para miles de motociclistas en el país, quienes deberán revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos para evitar sanciones económicas que superan el salario mínimo mensual vigente.
Las autoridades recomiendan a los conductores verificar que sus motocicletas conserven los sistemas de escape originales y cumplan con los niveles de ruido permitidos, antes de circular por zonas urbanas.
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