La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, cuestionó públicamente el Decreto de Emergencia Económica 1474, expedido por el Gobierno Nacional el 29 de diciembre de 2025, al considerar que la norma afecta la autonomía financiera de los departamentos, reduce su capacidad de recaudo y traslada recursos territoriales a la Nación, durante el primer Encuentro de Gobernadores convocado por la Federación Nacional de Departamentos (FND).
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Durante su intervención ante mandatarios regionales, Matiz sostuvo que el decreto representa una medida de centralización fiscal que impacta directamente las finanzas departamentales. Según afirmó, la norma obliga a transferir a la Nación cualquier ingreso que supere el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2025 y 2026, además de imponer liquidaciones mensuales y giros en un plazo máximo de 15 días.
“Es un asalto centralista a las entidades territoriales y un raponazo a los recursos de los departamentos”, expresó la gobernadora al referirse a los efectos del decreto sobre el recaudo regional.
Uno de los puntos señalados fue el artículo 15, parágrafo segundo, que —según explicó— limita los incentivos para mejorar la gestión fiscal en los territorios, ya que los esfuerzos adicionales de recaudo no permanecerían en los departamentos. Para Matiz, esta disposición penaliza la eficiencia administrativa y reduce la capacidad de respuesta local.
En el ámbito jurídico, la mandataria planteó que el decreto presenta vacíos en su sustento técnico y legislativo. Argumentó que no existiría una conexión material clara entre la declaratoria de emergencia económica y la apropiación de impuestos territoriales, además de advertir una posible vulneración del principio de certeza tributaria establecido en el artículo 338 de la Constitución Política.
La gobernadora también alertó sobre posibles efectos colaterales en la lucha contra el contrabando de licores. Citando datos de la Federación Nacional de Departamentos, recordó que cerca del 29 % del licor consumido en el país es adulterado o de contrabando, y señaló que los cambios introducidos por el decreto podrían debilitar los controles actuales, con impactos en la salud pública y en la demanda de servicios de urgencias.
“Se corre el riesgo de aumentar una problemática que ya afecta gravemente a los departamentos, sin contar con los recursos suficientes para enfrentar sus consecuencias”, afirmó.
Como cierre de su intervención, Matiz instó a los gobernadores a evaluar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad frente al decreto, presentar un pronunciamiento directo ante la Corte Constitucional y construir una posición conjunta sobre lo que calificó como una afectación estructural a la autonomía fiscal de los entes territoriales.
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Un accidente de tránsito entre un camión recolector de basura de la empresa Urbes y un automóvil particular dejó varias personas lesionadas este martes al mediodía en el municipio de Honda, al norte del Tolima. El hecho ocurrió en zona urbana y obligó la intervención de organismos de emergencia, que trasladaron a los heridos al Hospital San Juan de Dios.
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De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se produjo tras un fuerte impacto entre ambos vehículos, generando daños materiales y afectaciones a los ocupantes. Las personas lesionadas fueron atendidas inicialmente en el lugar y posteriormente remitidas al centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica.
Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades. Entre las hipótesis que se analizan están fallas mecánicas, exceso de velocidad o posibles imprudencias en la vía.
El hecho volvió a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad vial en el municipio, especialmente en corredores donde transitan vehículos de carga y servicio público. Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades reiteraron el llamado a conductores y peatones a mantener comportamientos responsables en las vías para evitar nuevos incidentes.
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