Encuentran irregularidades en laboratorio de muestras COVID-19 en el Tolima
El escándalo de corrupción en la Gobernación del Tolima revela presuntas irregularidades en la adecuación del laboratorio de Biocontención y la contratación para hacer frente a la pandemia del Covid-19.
En una visita sorpresa realizada por la Procuraduría General de la Nación al laboratorio de Salud Pública de la Gobernación del Tolima, se ha destapado un escándalo de presunta corrupción que ha generado conmoción entre los funcionarios del departamento. Según fuentes presentes durante la diligencia de inspección, se investigan presuntas irregularidades en la adecuación del laboratorio de Biocontención, así como en la contratación realizada para hacer frente a la pandemia del Covid-19 en el año 2020.
La Procuraduría busca establecer presuntas anomalías en la adecuación del laboratorio de Biocontención, el cual aún no está en funcionamiento. Además, se han evidenciado varias inconsistencias en relación con la contratación realizada por la Secretaría de Salud del Tolima para hacer frente a la pandemia. Estas revelaciones han generado gran preocupación y han sacudido los cimientos de la Gobernación del Tolima.
Durante la visita de la Procuraduría, se indagó sobre la adecuación del laboratorio de Biocontención, el cual fue adquirido mediante un contrato millonario por la Secretaría de Salud del Tolima. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno departamental no ha realizado el pago correspondiente a los contratistas, quienes ahora exigen su cancelación. Por si fuera poco, se ha descubierto que el espacio donde debería funcionar el laboratorio aún no ha sido construido, lo que impide que los equipos adquiridos puedan ser calibrados y puestos en funcionamiento. Esta situación podría llevar a la necesidad de cambiar toda la red eléctrica, ya que el cableado actual no soportaría la carga de los equipos, descartando la posibilidad de que el laboratorio sea construido en los próximos 6 meses.
Además de las irregularidades en la adecuación del laboratorio, se ha mencionado la presunta responsabilidad de un asesor de la dirección de salud pública del departamento. Según versiones al interior del laboratorio, este asesor, identificado como Hernán Alexis Vargas Bustos, no estaría cumpliendo con sus funciones y carecería de los soportes para los informes de supervisión. Cabe destacar que Vargas Bustos firmó el contrato durante la gestión de Martha Palacios como secretaria de Salud, quien actualmente ocupa el cargo de secretaria General de la Gobernación y es considerada mano derecha del gobernador Ricardo Orozco Valero.
La investigación en curso busca esclarecer las presuntas irregularidades en la adecuación del laboratorio de Biocontención y la contratación realizada para enfrentar la pandemia del Covid-19 en el Tolima. La Procuraduría General de la Nación se encuentra recabando pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades en este escándalo de presunta corrupción que ha generado un fuerte impacto en la Gobernación del Tolima. Las autoridades competentes deberán actuar con transparencia y diligencia para garantizar la rendición de cuentas y el esclarecimiento de los hechos, en aras de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales.
Finalmente, estas irregularidades, evidenciadas por la Procuraduría, incluyen la falta de funcionamiento del laboratorio, la no construcción del espacio adecuado, la demora en la calibración de los equipos y las presuntas responsabilidades del asesor de la dirección de salud pública.
Fuente: La Otra Verdad
Coronel retirado habría ordenado asesinar a dos hermanas tras abusos sexuales
El coronel retirado Wilson Humberto Velandia Serrano fue capturado en Medellín por su presunta participación en el secuestro, las agresiones sexuales, la tortura y el asesinato de dos hermanas en 2003.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Más de 23 años después del asesinato y desaparición de dos hermanas de 19 y 17 años en Granada, Antioquia, la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención preventiva del coronel retirado del Ejército Wilson Humberto Velandia Serrano, señalado de haber participado en las agresiones sexuales contra las jóvenes y de presuntamente ordenar su muerte y el ocultamiento de sus cuerpos. Los hechos investigados ocurrieron entre el 21 y el 22 de febrero de 2003.
La investigación señala que las víctimas fueron interceptadas en la plaza principal del municipio por integrantes del Frente Batallas del Santuario, perteneciente al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes las trasladaron contra su voluntad hasta una vivienda.
En ese lugar habría llegado Velandia Serrano, quien para entonces se desempeñaba como teniente del Batallón de Artillería N.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. Según el expediente, el militar habría llevado a la adolescente de 17 años hasta un baño, donde presuntamente la agredió sexualmente, mientras su hermana mayor era sometida a abusos por otros hombres.
Las autoridades también investigan la posible participación del entonces oficial en otras agresiones contra las víctimas, quienes habrían sido golpeadas, amenazadas y acusadas de mantener vínculos con otro grupo armado ilegal.
Uno de los señalamientos más graves apunta a que Velandia Serrano presuntamente ordenó a los paramilitares asesinar a las hermanas y enterrar sus cuerpos en un cerro. La Fiscalía sostiene, además, que años después habría dispuesto la exhumación de los restos para impedir su localización.
Tras recopilar elementos de prueba relacionados con estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ordenó la captura del coronel en retiro, procedimiento que fue ejecutado por unidades de la Sijín de la Policía Nacional en Medellín.
El exmilitar fue vinculado formalmente a la investigación mediante diligencia de indagatoria como posible responsable de cinco delitos: secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.
El proceso se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000 y forma parte de las investigaciones priorizadas por la Fiscalía sobre crímenes relacionados con estructuras paramilitares durante el conflicto armado colombiano.
Por ahora, Velandia Serrano deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial. La medida de aseguramiento no constituye una condena, por lo que el coronel retirado mantiene su presunción de inocencia hasta que se determine judicialmente su responsabilidad en los hechos.
La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y las responsabilidades individuales en la violencia ejercida contra las dos hermanas.
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