Acuerdo de Cajamarca no llegó al Tribunal, confirma Gobernación
El Acuerdo 05 del 28 de febrero, aprobado por el Concejo de Cajamarca y sancionado por el alcalde Camilo Valencia, no fue remitido al Tribunal Administrativo del Tolima, según confirmó la gobernadora Adriana Magali Matiz. La decisión, tomada antes del vencimiento del plazo legal el pasado 15 de abril, responde a un criterio jurídico y a la posición del Gobierno departamental frente a temas ambientales.
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Durante una rueda de prensa, la mandataria indicó que la determinación ya estaba definida antes de que expirara el término para enviar el documento a revisión. “Desde la Gobernación del Tolima se tomó la decisión de no remitir ese acuerdo al Tribunal, de acuerdo con el análisis jurídico y la postura frente al tema ambiental”, afirmó.
El pronunciamiento surge luego de versiones que señalaban que el acuerdo había sido enviado al alto tribunal. La Gobernación aclaró que esto no ocurrió y reiteró que el plazo legal concluyó sin que se hiciera dicho trámite.
El Acuerdo 05 está relacionado con decisiones adoptadas en el municipio de Cajamarca, en un contexto de debate sobre actividades extractivas y su impacto en el territorio. En ese sentido, la gobernadora también se refirió al tema a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que ha actuado “con respeto por la Constitución, la ley y la autonomía ciudadana frente a decisiones tomadas en el territorio”.
En su mensaje, agregó que la minería, cuando se desarrolla dentro del marco legal y con control ambiental, puede generar empleo e ingresos, pero advirtió que en condiciones ilegales representa riesgos para los ecosistemas y fuentes hídricas. Asimismo, indicó que las autoridades pueden solicitar actuaciones ante instancias competentes cuando se considere necesario cerrar jurídicamente este tipo de discusiones.
El caso de Cajamarca, vinculado a la extracción de oro, continúa generando posiciones encontradas en distintos sectores.
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Refuerzan controles por ocupación indebida del espacio público en Ibagué
Autoridades locales realizan operativos de control y jornadas de sensibilización en distintos sectores de Ibagué para frenar la ocupación indebida del espacio público, una práctica que afecta la movilidad peatonal y el uso adecuado de andenes y vías.
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Las acciones se desarrollan en barrios, avenidas y zonas comerciales donde se reportan mayores niveles de invasión. En recientes recorridos, las intervenciones se concentraron en Santa Ana y Praderas de Santa Rita, donde se identificaron establecimientos que extienden su actividad hacia áreas destinadas al tránsito de peatones.
Durante las jornadas, se estableció contacto directo con comerciantes y propietarios para advertir sobre las restricciones vigentes frente al uso del espacio público. Según lo informado, estas ocupaciones generan obstrucciones, reducen la accesibilidad y alteran el orden en sectores de alta circulación.
“Seguimos recorriendo diferentes zonas de Ibagué con operativos de sensibilización y también de control al espacio público. Hemos estado en barrios, avenidas y zonas comerciales, donde sabemos que se presentan mayores afectaciones por la ocupación indebida”, señaló Martha Echeverry, directora de Espacio Público.
La funcionaria indicó que el uso de andenes y vías está regulado y que su apropiación sin autorización incumple la normativa. “El espacio público no es negociable y respetarlo es fundamental para garantizar la movilidad, la seguridad y una convivencia en orden”, afirmó.
Las intervenciones continuarán en otros puntos de la ciudad, priorizando zonas con alto flujo peatonal y reportes recurrentes. Se advirtió que el incumplimiento de las normas puede derivar en sanciones para quienes ocupen indebidamente estos espacios.
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