Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Lina Katherine Cubides Tafur y Faiver Fabián Sánchez Obando, señalados de pertenecer a un grupo delincuencial dedicado al hurto bajo la modalidad de fleteo en Ibagué (Tolima) y Neiva (Huila), entre mayo de 2022 y agosto de 2023. La Fiscalía General de la Nación había solicitado la medida.
Según la investigación de la Fiscalía, los imputados habrían participado en el despojo de más de 200 millones de pesos retirados por las víctimas en entidades financieras de la región. Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima les formuló cargos por concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, los cuales no fueron aceptados por los procesados.
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La Policía Nacional ejecutó las órdenes de captura de Cubides Tafur y Sánchez Obando en Cali (Valle del Cauca) y Neiva (Huila), respectivamente. Durante los operativos se incautaron dos vehículos, tres motocicletas, un pasaporte, 14 tarjetas SIM y varios documentos relacionados con la investigación.
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Un juez de conocimiento condenó a Marlon Mauricio Solano Colmenares, topógrafo, a 38 meses de prisión y 52 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos, por ofrecer dinero a servidores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en Tolima para gestionar trámites catastrales de manera irregular.
La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que evidenciaron que, entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, Solano Colmenares, como parte del grupo denominado Los del Instituto, ofreció dinero a tres funcionarios del IGAC para la gestión irregular de trámites sobre predios en Líbano y el desenglobe de otro.
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El condenado fue declarado responsable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. La investigación fue adelantada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, y permitió judicializar a Solano Colmenares junto a 24 personas más en diciembre de 2021, tras detectar irregularidades como detención de peticiones de usuarios, direccionamiento de trámites y gestión fraudulenta de licencias ambientales.
Hasta la fecha, nueve personas involucradas en estos hechos han sido condenadas mediante preacuerdo. La sentencia contra Solano Colmenares quedó en firme.
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