Un hombre de 31 años, identificado con el alias “Manizales”, fue capturado en flagrancia en el barrio Santofimio, tras ser hallado con 63 cigarrillos de marihuana y tres dosis de bazuco. El hecho ocurrió durante un patrullaje de la Policía Metropolitana en la zona.
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Según información oficial, los uniformados realizaban labores de control y patrullaje en sectores priorizados de la ciudad cuando detectaron a un individuo que intentó ocultar un objeto en un arenal y huir del lugar. Tras la intervención policial, se confirmó que las sustancias eran marihuana y bazuco, además de un billete de dos mil pesos, presuntamente vinculado a la venta de drogas.
El hombre presenta antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
La Policía Metropolitana recordó la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa que pueda afectar la seguridad de la comunidad a través de la línea de emergencia 123.
Las autoridades continúan con los operativos de control de microtráfico en Ibagué para reducir la incidencia de delitos asociados a estas actividades.
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Un juez constitucional inició el análisis de la reciente subida en las tarifas del transporte público de Ibagué, tras la presentación de una tutela que señala posibles irregularidades en el proceso de ajuste.
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La acción legal fue presentada por la Fundación de Protección de Derechos Humanos Colombia, que sostiene que la medida carece de estudios técnicos claros y que no se realizaron consultas efectivas con la ciudadanía, como se había hecho en incrementos anteriores.
El juez encargado del caso solicitó respuestas formales a la Alcaldía de Ibagué y a la Secretaría de Tránsito, otorgando un plazo de tres días. Además, incluyó en el proceso a la Secretaría de Gobierno Municipal y al Ministerio de Transporte, ampliando el alcance del examen judicial.
La tutela también pone en discusión las tarifas diferenciadas entre áreas urbanas y rurales. Los demandantes argumentan que los recorridos no justifican la diferencia de precio y que el servicio sigue sin contar con integración entre rutas ni mejoras sustanciales para los usuarios.
Problemas operativos recurrentes, como suspensión de rutas, barreras de acceso para personas con discapacidad y adultos mayores, y deficiencias en la atención al público, son mencionados en el escrito judicial como factores que agravan el impacto del incremento tarifario sobre los ciudadanos.
El proceso se encuentra en etapa inicial y aún no hay decisión de fondo. El juez evaluará si el procedimiento seguido para el aumento del pasaje respetó los derechos constitucionales de los usuarios del transporte público en la ciudad.
Se espera que la administración municipal y las entidades vinculadas presenten sus descargos en el plazo definido, mientras los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre el avance del caso a través del despacho judicial.
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