Diez personas privadas de la libertad y diez funcionarios del INPEC se graduaron como comunicadores sociales este miércoles en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (Coiba) de Picaleña. La iniciativa forma parte de un programa educativo en alianza entre la Gobernación del Tolima y la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) orientado a procesos de resocialización.
Durante la ceremonia de graduación, los participantes recibieron títulos que certifican su formación en comunicación social. El programa busca fortalecer habilidades técnicas y humanísticas, incluyendo expresión, liderazgo y reflexión crítica, con miras a facilitar la reintegración social de los internos y mejorar las competencias del personal penitenciario.
Por: Editor Región. Tolima7dias.com.co
Comunicado a la Opinión Pública
Actualmente, 41 personas privadas de la libertad cursan los programas de Administración de Empresas y Comunicación Social, mientras que 15 funcionarios del centro penitenciario están adelantando estudios en Comunicación Social.
Según la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz: “Lo que aquí está en juego es la dignidad humana, la certeza de que la educación abre caminos aún en los lugares más difíciles, y la convicción de que siempre es posible volver a empezar”.
El programa se desarrolla dentro del Coiba de Picaleña, con acompañamiento de directivos, docentes y tutores de Uniminuto, así como del personal del centro penitenciario. La formación se plantea como una estrategia educativa dentro de los procesos de resocialización y busca brindar nuevas oportunidades a quienes se encuentran privados de la libertad.
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Dos paraderos de transporte público ubicados en la carrera Quinta, entre calles 42 y 44, fueron dañados con pintura en los vidrios. La Gestora Urbana radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para identificar a los responsables y garantizar la reparación de los paraderos.
Por: Editor Ibagué. Tolima7dias.com.co
Los paraderos afectados son utilizados por los usuarios del transporte colectivo. La denuncia busca que las autoridades judicialicen a los responsables y se hagan cargo de los costos de reparación.
Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de proteger los bienes públicos y reportar actos de vandalismo que afecten la infraestructura de la ciudad.
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