Gobernación del Tolima destina $2.400 millones para mitigar crisis del sector arrocero y exige respuesta del Gobierno Nacional
Frente a la difícil situación que atraviesan los productores de arroz en el Tolima por la caída de los precios y el incumplimiento parcial de los acuerdos pactados en marzo, la Gobernación del Tolima anunció una inversión directa de $2.400 millones para atender las necesidades más urgentes del sector y reiteró su llamado al Gobierno Nacional para avanzar de manera coordinada en la solución estructural de la crisis.
Durante un encuentro realizado este martes en la Casa del Maestro, al que asistieron arroceros y delegados del Ministerio de Agricultura, la gobernadora Adriana Matiz presentó las principales acciones emprendidas desde su administración. En su intervención, destacó que el departamento ha cumplido con su parte y que las soluciones requieren del compromiso conjunto de los diferentes niveles del Estado.
“No es solo que le pidamos al Gobierno Nacional. Aquí estamos en un proceso de concurrencia y de coordinación como lo establece la Constitución. El Gobierno Departamental está dispuesto, como lo ha hecho hasta hoy, a aportar para que efectivamente las soluciones lleguen a nuestros productores”, señaló Matiz.
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Comunicado a la Opinión Pública
Una de las principales líneas de acción es la intervención en infraestructura de riego. La Gobernación destinará $1.400 millones para la rehabilitación y mantenimiento de canales en articulación con los distritos de riego del departamento. Según la mandataria, ya se identificaron los tramos prioritarios, y los recursos permitirán una intervención inmediata que mejore el acceso al agua y optimice los procesos productivos en las zonas arroceras.
Adicionalmente, se suscribió un convenio con Finagro por $15 mil millones, de los cuales $10 mil millones se asignarán exclusivamente al sector arrocero. Estos recursos se ofrecerán como créditos al 0% de interés, con un alivio del 30% en el valor de la deuda financiado por el Gobierno Departamental. Los $5 mil millones restantes beneficiarán a pequeños y medianos productores de otros sectores agropecuarios.
En materia de fortalecimiento institucional, la Gobernación cofinanciará con $1.000 millones la operación del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA) del Arroz, una herramienta creada por el Ministerio de Agricultura. El objetivo es lograr que esta línea de apoyo tenga un enfoque especial en el Tolima.
“Le dijimos a la ministra que queremos hacer parte de esa financiación, que el FAIA del Arroz tenga una línea especial para nuestro departamento. Y si no es posible operarlo con ellos, esos mil millones seguirán destinados exclusivamente al fortalecimiento del sector”, puntualizó la gobernadora.
En total, las inversiones del gobierno departamental suman $2.400 millones, con impacto directo en más de 7.500 familias que dependen del cultivo de arroz en el Tolima.
La mandataria cerró su intervención haciendo un nuevo llamado al Gobierno Nacional para asumir la corresponsabilidad que demanda el momento:
“Esta no es solo una apuesta del gobierno departamental. Es una responsabilidad compartida. Por eso le decimos al Gobierno Nacional: aquí estamos cumpliendo, pero también necesitamos que ustedes pongan de su parte para sacar adelante al campo colombiano”, concluyó.
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Personería revisa datos de familias en Villa Resistencia
La Personería de Ibagué realizó una jornada de verificación en el asentamiento Villa Resistencia para contrastar la información recopilada sobre las familias que habitan el sector. La actividad se desarrolló como parte de las funciones de vigilancia del Ministerio Público y buscó establecer si los datos utilizados en procesos administrativos reflejan la situación real de la comunidad.
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Durante la visita, encabezada por el personero municipal, Educardo Espinosa, funcionarios recorrieron el asentamiento y sostuvieron encuentros con residentes para revisar aspectos relacionados con la composición de los hogares, condiciones sociales y características de la población asentada en la zona.
Según informó la Personería, la revisión incluyó la identificación de personas que hacen parte de grupos con protección constitucional especial, entre ellos víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y población migrante.
“Estamos verificando que la información recopilada refleje la realidad de las familias que habitan este sector, con el fin de velar por la garantía de sus derechos y porque cualquier actuación administrativa se adelante respetando el debido proceso y las garantías constitucionales”, señaló el personero municipal, Educardo Espinosa.
La jornada tuvo como propósito contrastar los registros obtenidos dentro de actuaciones administrativas relacionadas con el asentamiento y establecer si estos corresponden a las condiciones actuales de quienes residen en el lugar.
Villa Resistencia ha sido objeto de diferentes actuaciones institucionales debido a las condiciones de ocupación del terreno y a la situación social de las familias que permanecen allí. En ese contexto, la Personería indicó que continuará realizando seguimiento a los procesos que involucren a la comunidad y mantendrá labores de vigilancia sobre el respeto de los derechos ciudadanos y las garantías constitucionales.
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